Licitación de tobilleras electrónicas, en "stand-by"

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolvió suspender de momento el llamado a licitación para la compra del servicio de tobilleras electrónicas, a raíz de la protesta presentada por tres empresas que están interesadas en brindar el servicio, pero que no desean someterse a los altos estándares de calidad exigidos en el pliego de bases y condiciones.

De modo a dar respuesta a la terrible problemática de seguridad que es la violencia intrafamiliar, en atención a que se realizan más de 25 mil denuncias al año por estas agresiones, el Gobierno Nacional lleva adelante el llamado a licitación para la compra del servicio de tobilleras electrónicas para monitorear a personas con prisión domiciliaria u órdenes de alejamiento.

Sin embargo, tres empresas que están interesadas en esta convocatoria presentaron protestas ante Contrataciones Públicas, pretendiendo así que se reduzcan los estándares de calidad que se prevén en este llamado, con lo cual este llamado quedó en pausa mientras se analizan los reclamos hechos.

Así lo expuso el director de 911, Carlos Hernán Escobar, quien tendrá a su cargo un centro de monitoreo que funcionará en esa dependencia policial. De acuerdo con el mismo, las empresas presentaron protestas que atentan contra la calidad del servicio a contratarse, ya que por ejemplo solicitan eliminar la exigencia de técnicos especiales para el monitoreo de los aparatos y suprimir la obligatoriedad de que los equipos sean homologados por la Conatel.

Estos requisitos son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de control que abarcará de manera amplia, ya que, según la normativa, se podrá aplicar al control de los condenados trasladados a centros hospitalarios, para la prisión domiciliaria, para la suspensión a prueba de ejecución de la condena, de la libertad condicional, salidas transitorias, régimen de semilibertad, de exclusión del denunciado del hogar por violencia doméstica y para medidas de protección de las mujeres víctimas de violencia.

El beneficiario de este dispositivo debe contar con solvencia económica para la utilización del servicio, salvo que se acredite su insolvencia por declaración jurada. En caso que el beneficiario acredite insolvencia, mediante declaración jurada con presencia de dos testigos, podrá acceder a los mismos con exoneración del pago del canon correspondiente.