Red de influencia: Vínculos entre figuras de era Abdo y grupo Zucolillo

La relación de complicidad y protección entre el Grupo Zuccolillo y la administración de Mario Abdo Benítez, fue tan estrecha que hasta la actualidad sus principales figuras siguen manteniendo cercanos vínculos. Escandalosos casos de mayúsculas dimensiones que involucran al Banco Atlas pasaron completamente desapercibidos por las autoridades de ese periodo, algunas de ellas que pasaron luego a formar parte del negocio de los Zuccolillo.

Uno de los vínculos más ilustrativos de estas convenientes relaciones se evidenció de vuelta en el reciente casamiento de Joselo Rodríguez, el joven abogado involucrado en las negociaciones que guardaban relación con el acta de contratación de potencia de Itaipú, que en su momento generó un tremendo revuelo por considerarse un pacto entreguista del Gobierno de Mario Abdo Benítez.

Joselo es hijo de María Epifanía González, quien llegó a ocupar el cargo de ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) durante la administración anterior, y tuvo que renunciar en julio de 2019 a raíz de la polémica acta bilateral en la que estuvo involucrado su hijo.

Viendo superado ese escándalo, en la flamante boda de Joselo se observó la cercanía entre unos altos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) y representantes del Grupo Zuccolillo. En este evento, se vio a Juan Carlos Martín, director del Banco Atlas, junto a Hernán Colmán, miembro del directorio del BCP y exsuperintendente de bancos durante el gobierno de Abdo Benítez. La imagen captada del evento privado pone en relieve las estrechas conexiones personales y profesionales que vinculan a la banca matriz con el grupo empresarial propietario del banco Atlas y del diario Abc Color.

Los cuestionamientos cobran aún más fuerza a raíz de que el Banco Atlas, una de las principales entidades del Grupo Zuccolillo, viene siendo objeto de escrutinio e investigaciones fiscales por su implicación en diversos escándalos relacionados con el lavado de dinero.

Asimismo, genera mucha suspicacia que ahora el exsuperintendente se muestre cercano a un directivo del banco Atlas, en una boda de hijo de otra exautoridad del Gobierno anterior, siendo que fue el responsable de negar información clave en el marco de una inves­tigación penal sobre supuesto lavado de dinero en el banco Altas. Hay que recordar que, en julio de 2021, la Unidad Especializada de Lavado de Dinero del Ministerio Público se vio en la necesidad de allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos, después de que Hernán Colmán se negara a proporcionar información sobre las cuentas vinculadas al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, quien había utilizado el banco para blindar grandes sumas de dinero en circunstancias sumamente sospechosas.

Pero la controversia no se limita solo a la gestión pública. Después de escándalo del acta bilateral de Itaipú, la exministra María Epifanía González fue nombrada -en abril del 2021- en un alto cargo en el banco Atlas, lo que levantó alertas debido a su desempeño previo en un rol crucial para la lucha contra el lavado de dinero, especialmente en un banco señalado por no aplicar las medidas de debida diligencia en casos tan delicados como el de Leoz.

En ese caso, el Banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones. La constitución de estos contratos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Conmebol (el 7 de enero del 2016), donde Leoz estuvo como presidente durante más de dos décadas. Así también, los acuerdos se celebraron luego de 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisión domiciliaria de Nicolás Leoz.

Además, otro caso de lavado de dinero que involucra al banco de los Zuccolillo está relacionado con Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, uno de los narcotraficantes más importantes de la región. En 2015, Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a un prestanombre que se desempeñaba como tractorista del capo narco, incapaz de cumplir con sus compromisos financieros. El acuerdo se efectuó bajo circunstancias que violaron los protocolos de debida diligencia, lo que demuestra la laxitud en la vigilancia y control sobre operaciones sospechosas en esta entidad bancaria, que pasaron desapercibidas por los organismos de control.

Un reglamento de la Sepre­lad, referente a la prevención de lavado de dinero y finan­ciamiento del terrorismo para los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos, entró en vigencia el primer día hábil de febrero del 2014. Sus disposi­ciones debían aplicarse al caso de Atlas, porque el llamativo préstamo hipotecario fue otorgado en noviembre del 2015. Entre los mandatos de la reso­lución figura la política de debida diligencia a ser apli­cada para el cliente, como la obligatoriedad de la identifi­cación y actualización de las documentaciones. Sin embargo, estas medidas no se cumplieron.

Las relaciones muy cercanas entre figuras clave del BCP del Gobierno de Abdo y el Grupo  Zuccolillo hacen sospechar con mayor ahínco de la presunta existencia de intereses de por medio en las decisiones y prácticas que se habrían tomado durante la administración anterior en detrimento de la transparencia y la legalidad.

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