Giuzzio- Tío Rico, nexo narco que complica al gobierno de Abdo

El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”), constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.

Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo entablado entre el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán” – asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset- y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal con importantes envíos de drogas al extranjero, a escalas nunca vistas. Cargamentos de toneladas de sustancias ilícitas cayeron en el exterior, dejando al descubierto el nulo control aplicado en nuestro territorio durante la administración anterior.

En la acusación presentada por la Fiscalía, se expone que el origen del mayor operativo de tráfico de drogas en Paraguay se remonta al inicio del gobierno de Abdo Benítez, en el año 2018, cuando Sebastián Marset se instaló en el país. Posteriormente, durante los años 2020 y 2021, junto con “Tío Rico”, fortaleció sus operaciones, consolidando una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos.

Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio llamativamente retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos.

No fue coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de droga escondidos en productos despachados desde el Paraguay. En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de cocaína paraguaya en el viejo continente. Esto es solo lo incautado, que ronda entre 5 a 10% de la exportación en ese periodo, es decir, en total se estima que el narcotráfico habría concretado un envío exitoso de entre 200 a 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y 12.000 millones de dólares.

Las toneladas de droga que ingresaron al país, provenientes principalmente de Colombia y Bolivia, para luego ser enviadas a Europa y África, supusieron un mínimo de 500 vuelos -o hasta el doble- que supuestamente nunca fueron detectados por la administración anterior. En cinco años, se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.

En la acusación del fiscal Deny Pak se comprueba el control e influencias decisivas que ejercía la organización narco criminal de Tío Rico y Marset en la Senad que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas -el topo y el líder narco-, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.

En el periodo anterior se crearon varias direcciones y dependencias dentro de la Senad, cuya existencia no tenía soporte técnico ni jurídico. Entre las mismas se encuentra la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT), desde la cual se compartía información con Tío Rico, esto según la propia Fiscalía.

Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, fue la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La institución a su cargo (la Senad), que siguió manejándola luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar la liberación del terreno para operar con total impunidad.

Su implicancia con el mundo narco quedó aún más al descubierto cuando se reveló su nexo con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, vinculado al tráfico de droga y lavado de activos, con quien estuvo a punto de establecer contratos durante su paso por el Ministerio del Interior e, incluso, el sindicado narco le prestó una camioneta para que el exministro fuera de vacaciones al Brasil con su familia. Este escándalo significó su salida del ministerio, pero de igual manera siguió “asesorando” a Mario Abdo en palacio de gobierno hasta el término de su mandato. Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso solo por presunta coima recibida de Marcus Vinicus.

Las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak son la confirmación, documentada, del nexo entre la mafia y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga. “Tío Rico” y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país es difícil de dimensionar, pero con certeza es muy elevado.