Clanes en Petropar: parientes de empleados y sindicalistas, entre personal tercerizado

Sin importar el mérito para ocupar el cargo público, sino más bien teniendo en cuenta la lealtad, alianza o grado de parentesco, muchos familiares ingresaron por la ventana gracias a los puestos otorgados en la administración anterior a los empleados y sindicalistas de Petropar aliados al Gobierno de entonces.

Los sindicalistas de Petropar, principalmente los secretarios generales y miembros de la directiva, fieles durante cinco años a Mario Abdo Benítez, Patricia Samudio y Denis Lichi, defienden a muerte la tercerización porque tienen parientes, amigos y allegados en la empresa Dynamus, firma tercerizada que colocó en la petrolera a unas 500 personas y donde los sindicalistas manejaban los contratos a gusto y paladar. Esta firma fue la encargada de forma externa para contratar recursos humanos, lo cual abultó enormemente la nómina de los trabajadores de la estatal.

Actualmente estos sindicalistas, que operan como logias, tienen sueldos de gerentes, en su mayoría con categoría de asesores, y sin función alguna. Ante la medida de recorte de personal implementado por la actual administración de Petropar, los líderes de estos clanes familiares empotrados en la función pública, critican las actuaciones de las autoridades, exigen reposición de sus contratados y realizan denuncias infundadas como medida de presión.

Hermanos, primos y sobrinos de Gerardo Parodi, el polémico miembro del Sindicato de Trabajado­res de Petropar (Sitrappar) y cabecilla del clan fami­liar presente en la nómina de empleados de la empresa Dynamus, entraron por la ventana a la institución gracias a la firma encargada de forma externa para contratar recursos humanos. En la petrolera estatal figura su hermana Pamela Parodi Vargas, contratada con salario de G. 4.080.491; su primo Diego Medina Parodi con G 4 millones; su hija Ana Paula Parodi; su sobrino Isaías Vargas Parodi, con salario de G 4 millones; su hermano Marcos Antonio Parodi Vargas, un funcionario trasladado recientemente desde el MOPC con un sueldo de G 14.050.307; su nuera Camila Benítez, con un salario de G 7.500.000; el secretario Alberto Avalos; y sus sobrinos que fueron desvinculados: Roberin Ríos Parodi que percibía 5 millones y Scarlett Samaniego Parodi que ganaba G 4 millones al mes.

Misma situación ocurre con el sindicalista Luis Beltran Guerin, quien tiene a su hija Nahomy Guerin (con salario de G 5 millones) y su yerno Eduardo Martínez como trabajadores de la institución pública a través de la empresa Dynamus.

La sindicalista y jefa en la petrolera, Estela Espínola Torres de Leiva, consiguió que ingrese su hijo Rodrigo Leiva Espínola con un salario de G 7.500.000 mediante la empresa tercerizada.

La hija del sindicalista Mauricio Galeano, Romina Mariel Galeano, también fue contratada por la misma firma y percibe un salario de G 5 millones.

Edilberto Espinola, miembro del consejo intersindical de Petropar que aglutina a siete gremios sindicales de la estatal, consiguió ubicar a su hermana Rosa Elizabeth Espinola Ovelar (con un salario de G 4 millones) y a su primo Derlis Cañiza (con G 5 millones de sueldo), pero este último fue desvinculado.

En el mismo sentido, el sindicalista Rody Figueredo habría logrado ubicar a su pariente Nelly Figueredo con un sueldo de G 7.500.000, sin embargo, la misma fue sacada de Petropar.

Así también, Norman Williams Safstrand, de Sitra­ppar, habría colocado a su primo Carlos Safstrand Espinola con un salario de 5.000.000, pero este fue echado de la petrolera.

Lo mismo ocurrió con el hijo de Antonio Tadeo González, de nombre José González, quien estuvo en Petropar con un salario de G 3.000.000 hasta que fue descontratado, y con la hija de Alberto Cañete, Araceli Cañete, quien llegó a percibir la suma de G 7.500.000 vía Dynamus. 

Los conocidos sindicalistas que consiguieron cargos para sus fami­liares con el Gobierno anterior, guardaron completo silencio ante las irregularidades que iban ocurriendo en la institución, sin embargo, ahora con la medida de recorte que fue implementada y al verse afectada su parentela, comenzaron a tirotear contra las nuevas autoridades.  

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