Complicidad judicial: esquema de estafa masiva congoja a trabajadores públicos

Una rosca judicial de los Juzgados de Paz opera a favor de las casas de créditos y electrodomésticos que hacen descuentos compulsivos a los trabajadores, en especial a los docentes jubilados, integrantes de la Policía Nacional y funcionarios públicos que cobran salarios a través del banco. El esquema actúa impunemente ante la complicidad e inacción del Poder Judicial y la Fiscalía.

Los afectados pagan sus cuotas en tiempo y forma por débito automático, cancelan sus cuentas y nunca les devuelven el pagaré que habían firmado. Este documento es nuevamente comercializado, por lo que luego las víctimas sufren el embargo de sus salarios y de vuelta deben abonar por la misma deuda que termina trepando a montos astronómicos con los intereses, gastos de justicia y exagerados honorarios profesionales.

El modus operandi inicia con el ofrecimiento de electrodomésticos y créditos a los funcionarios públicos bajo el supuesto beneficio de facilitarles el acceso a estos bienes. Los vendedores llegan hasta su lugar de trabajo, donde concretan el acuerdo con el cliente, quien se ve engatusado con la propuesta que se le presenta: ya sea la entrega de electrodomésticos o un crédito. El respectivo cobro se hace por débito automático, para lo cual los docentes firman varios documentos, algunos sin siquiera tener una fecha, lo cual luego es aprovechado maliciosamente. Cada mes, los trabajadores pagan sus cuotas mediante el débito de su salario, pero las casas comerciales no les devuelven los pagarés firmados, pese a haberse honrado el compromiso. Luego, con este mismo documento, después de supuestamente haberse vendido, los nuevos acreedores recurren a la justicia, la cual se presta a la estafa al dar lugar al embargo de los salarios.

Una de las afectadas es la docente jubilada Pilar Fernández Ortega, la misma fue víctima de este esquema en múltiples ocasiones por varias deudas saldadas. En solo una deuda de G 8 millones fue demandada en tres oportunidades pese a que pagaba mes a mes. En la última demanda terminó abonando más de G 21 millones, sumando el interés moratorio, punitorio y las demás tasas judiciales.

La afectada llegó a explicar al juez que estaba pagando por tercera vez una misma deuda, a raíz de que colocaban la fecha de vencimiento en el pagaré con lápiz de papel y lo iban cambiando conforme a la presentación de la nueva demanda, por lo que rogó que se intime a la casa crediticia a devolver el documento. Si bien el juzgado solicitó que le sea devuelto el pagaré en el año 2020, hasta la fecha no se cumple con esta disposición.

Como muestra de la terrible irregularidad, en una deuda del 2012 de Pilar Fernández, los acreedores presentaron al Juzgado de Paz solo una parte del documento que había firmado en el pasado, consistente en la copia del pagaré con fecha del año 2018, no así la factura que demostraba que había transcurrido el plazo de 4 años para el juicio ejecutivo y ya había prescripto, por lo que necesariamente se debía recurrir a un juicio ordinario para reclamar el dinero supuestamente adeudado.

Su abogada Solange Guerreño, quien lleva al menos otros 50 casos de docentes y jubilados que están siendo víctimas de esta aparente estafa masiva en complicidad con la propia justicia, explicó que grandes bufetes de abogados llevan las demandas de estas casas comerciales/crediticias y recurren al juicio ejecutivo en los Juzgados de Paz para concretar el embargo de salarios, ya que en este proceso no se discute el origen de lo adeudado, sino que solo se debe cumplir con el pago, cuando en realidad los casos ya prescribieron y deben ir al juicio ordinario, donde se debe demostrar el origen de la deuda reclamada.

A lo largo de estos años, la abogada pudo constatar que las casas comerciales, que muchas veces en realidad son financieras disfrazadas, cierran pero solo cambian de nombre para hacer las demandas o venden a otras empresas los pagarés de sus clientes que ya saldaron sus deudas.

Llamativamente en algunos de los casos que lleva adelante se pierden expedientes en el Juzgado cuando desea interiorizarse, o se efectúan con la copia de cédula vencida del docente, tal como ocurrió con Pilar Fernández, o se abren las causas a cientos de kilómetros del lugar de residencia del afectado. También la rosca judicial recurre a las cédulas voladoras o notificaciones falsas, por lo que el demandado no se entera del proceso abierto en su contra y recién lo hace en el tramo final del juicio cuando ya no se puede defender o en la finalización del mismo cuando ya comienza el embargo.

Miles de afectados llegaron a un estado de saldo cero en sus salarios y se vieron en la necesidad de hacer préstamos compulsivos para poder sobrevivir. Algunos enfermaron gravemente y al no aguantar más la situación, terminaron inclusive sacándose la vida.

Mientras los Juzgados de Paz, que están completamente olvidados por la Corte Suprema de Justicia al ser de poca importancia, se prestan de manera cómplice a la jugada de estas empresas y los bufetes de abogados, la Fiscalía no actúa ante las denuncias hechas por las estafas que sufren los docentes. Pilar Fernández denunció su caso ante el Ministerio Público pero no obtuvo respuesta alguna (9). Así como ella, otros más denunciaron sin tener éxito.

Ante la indefensión en la que se encuentran sus clientes, muchos de ellos de muy escasos recursos, la abogada Guerreño viene planteando la convocatoria de acreedores para que se verifiquen los créditos otorgados, de modo a que se eliminen aquellos que presentan irregularidades y se cumplan solo los que son legales. De 43 que presentó, solo 7 fueron admitidas tras mucha presión. En estos procesos se insiste en realizar un inventario de bienes e inmuebles de los docentes, cuando por ley son inembargables. La inspección que pretende realizar el síndico de quiebras cuesta G 400.000 en cada caso, pero muchos docentes no poseen los recursos para solventar, por lo que la abogada planteó la exoneración del trabajo, sin embargo, el juzgado no aprobó su petición, lo cual impide avanzar en las convocatorias.

Frente a la tremenda desidia, inoperancia y complicidad que existe, la abogada recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para que de una vez por todas atienda los múltiples reclamos que existen en los distintos Juzgados de Paz y ponga fin a la rosca que está operando impunemente en contra de los trabajadores.