Contralor liberal también detectó irregularidades en gestión de Efraín

Una auditoría financiera del ejercicio fiscal 2009, encomendada por el entonces contralor Augusto Airaldi, de facción liberal, halló diversas irregularidades en un año de gestión de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas, tales como pagos efectuados por demás al no comprobar el avance real de las obras, falencias en los registros contables, bienes públicos sin títulos de propiedad, falta de control para registrar los ingresos de la institución, entre otras “perlitas”, por valor total de US$ 72.718.856.

La Contraloría General de la República dispuso el 4 de febrero de 2010 la realización de una auditoría financiera al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. El equipo auditor designado analizó el Balance General y Cuadro de Gestión Económica del MOPC, del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2009, cuando Efraín Alegre se desempeñaba como ministro, Andrés Rivarora como viceministro de Obras, Juan Félix Bogado Tatter se encargaba de la Administración y Finanzas, Eduardo Petta era el director de la Caminera y Mercedes Canese estaba en el Viceministerio de Minas y Energía.

Los auditores encontraron diversas irregularidades durante su trabajo, siendo 10 las principales falencias detectadas por el órgano contralor:

1- El MOPC no registró contablemente varios débitos bancarios por G. 126.867.723. Además se cobraron cheques por valor de G. 396.015.974 que tampoco figuraban en los registros contables. En ese sentido, los responsables del trabajo recomendaron que la institución registre todas sus operaciones económicas y financieras, de manera a mantener actualizado su sistema contable.

2- También se constató la existencia de fondos de dudoso cobro, porque el MOPC no realizó previsiones en la Cuenta Deudores por Cobro en Gestión Judicial, para el recupero de una suma de G. 1.429.074.000, por el caso de la Transportadora de Caudales Águila S.A., y en la Cuenta Detrimento de Fondos por G. 3.074.841.215, en torno a un juicio sobre delitos contra el patrimonio del Estado. En ese sentido, los intervinientes instaron al MOPC a que coordine con el Ministerio de Hacienda los mecanismos adecuados para la aplicación de las previsiones pertinentes en estos casos.

3- Los auditores constataron además diferencias entre los registros del Balance de Sumas y Saldos y los formularios exigidos en el Manual de Patrimonio. Por ejemplo, en el formulario de “Consolidación de Bienes de Uso”, donde se informa cada mes el movimiento de los bienes, detectaron que hubo una discrepancia de G. 449.020.869.323, de los cuales G. 4.047.564.531 correspondía a la Dirección de Correos; G. 12.610.055 a la Comisión Acueducto y G. 444.948.084.682 al Viceministerio de Administración y Finanzas.

Mientras que en el Formulario de “Revalúo y Depreciación de los Bienes de Uso”, encontraron diferencias por G. 244.336.240 en el revalúo y G. 24.338.176.568 en la depreciación. Asimismo, hallaron desigualdades al comparar con el Formulario de “Inventario de Bienes de Uso Consolidado” por G. 13.017.822.074.

La recomendación hecha fue que la institución corrija y actualice las diferencias detectadas entre los importes consignados en el Balance de Sumas y Saldos y los distintos formularios.

4- Así también constataron vehículos por valor de G. 1.878.958.077 y maquinarias de construcción por G. 4.976.485.939, que figuraban en el inventario de bienes del MOPC pero que no contaban con títulos de propiedad. El consejo de los intervinientes fue realizar los trámites para justificar que los bienes eran propiedad de la institución.

5- Los auditores detectaron además que el MOPC realizó pagos por certificados de obras en fechas que no correspondían, por errores en los documentos presentados por las contratistas, ya que consignaron fechas anteriores a la adjudicación. En ese sentido otorgó G. 13.646.346.638 al Consorcio Tocsa – Vialsur por la “Ampliación y Profundización del Canal de Tomas de Aguas del Río Pilcomayo y Limpieza e Interconexión de Cañadas”, y G. 1.573.784.608 al Consorcio Parapití por la “Ampliación de la Sección Hidráulica del Canal de Toma y Limpieza e Interconexión de Cañadas”.

Por esta desprolijidad, recomendaron al MOPC realizar los pagos de certificados, teniendo en cuenta las fechas de realización de las obras, conforme a los plazos establecidos en los contratos firmados con las empresas contratistas.

6- Otra situación irregular fue que no se registró en el Balance General de los Ingresos Devengados a Percibir en concepto de canon por Explotación Minera y de Piedras e Hidrocarburos por US$ 398.703. Es por ello que los auditores instaron que se implementen mecanismos de control a efectos de regularizar el registro de los importes devengados.

7- El equipo auditor dejó constancia en su informe de que no recibió documentaciones correspondientes a la Policía Caminera; tales como comprobantes de ingresos por G. 93.791.000 en concepto de recaudación por multas y Notas de Depósito Fiscal por G. 21.268.000.

8-En cuanto a las obras se encontró la certificación de mayores cantidades de trabajos que los efectivamente ejecutados. En su informe, los auditores citan la construcción del puente de hormigón armado sobre el río Jejuí, cuya falta de verificación física de la cantidad de trabajo realmente ejecutada permitió la certificación por exceso de 12,7%, lo cual equivale a G. 174.305.171, en contra de los intereses de la institución.

9- También al verificar los trabajos de mejoramiento de la cabecera lado paraguayo del Puente de la Amistad, los intervinientes detectaron en esta obra rubros que fueron certificados y pagados por demás, cuya cuantificación arroja el monto de G. 156.810.725.

10- Por último, los auditores pillaron que el MOPC pagó al Consorcio adjudicado para la construcción del puente sobre el río Jejuí la suma de G. 128.106.404, pero dicho desembolso se consignó como deuda flotante.

Solo en estas 10 falencias principales, de los 39 puntos que fueron plasmados por el órgano contralor en el documento de 128 páginas, se exponen irregularidades por valor de G. 517.273 millones, lo cual da más de 72 millones de dólares al cambio actual.

Este informe público, que lleva la firma de un contralor liberal, se suma a las demás auditorías hechas durante la desastrosa gestión de Efraín Alegre al frente del MOPC. Una de estas -de carácter confidencial- fue ejecutada en el 2011 por la presidencia de Fernando Lugo, y la otra fue elaborada ese mismo año por el equipo que suplió a Alegre cuando fue rajado del ministerio.