Definirán comisión que estudiará corrupción del gobierno de Abdo
Marito Abdo Benítez.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, indicó que para esta semana ya estará conformada la Comisión Bicameral que analizará los desfalcos financieros y las denuncias de corrupción en varias instituciones públicas en el 2022. Todas presentadas en un informe por la Contraloría General de la República (CGR) y que pone en la mira al ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Latorre refirió que la conformación de la comisión especial está aprobada y que solo queda aguardar que los líderes de bancada presenten la lista de sus representantes que integrarán el grupo de trabajo, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores.
La “Comisión bicameral encargada del estudio del informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el informe financiero del Ministerio de Hacienda, correspondiente al ejercicio fiscal 2022”, buscará determinar cómo fue el funcionamiento de todas las instituciones señaladas por el ente de control.
“Creemos que va a ser muy importante la revisión de este informe que realizó la Contraloría y que plantea denuncias extremadamente graves en sectores muy sensibles” indicó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, al programa “Arriba Hoy” del Canal GEN/Nación Media.
Latorre mencionó que con este trabajo, apuntan a combatir la corrupción y la impunidad de manera más efectiva para castigar a quienes hacen mal las cosas, y así sellar un precedente.
“Coincidimos de forma irrefutable que, quien cometió un acto de corrupción, debe pagar las consecuencias. Tiene que ir a la cárcel” agregó el diputado.
Instituto de Previsión Social, Ministerio de Educación y Ciencias, Salud, Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior, son solo algunas de las instituciones donde la Contraloría observó altos indicios de corrupción y faltantes de miles de millones de guaraníes.
El informe del ente contralor determinó que el gobierno de Mario Abdo dejó grandes deudas en la ejecución de proyectos y sin ser transparentadas, como en el IPS, donde no se presentó los documentos respaldatorios de pagos realizados por más de 1 billón de guaraníes.
LOS CLAVOS DE MARITO
El equipo del presidente Santiago Peña deberá hacer frente a la situación financiera de las diferentes carteras de Estado, ya que muchos entes públicos registran importantes deudas con proveedores pero ni siquiera poseen un plan de caja para cumplir con los compromisos.
Entre las deudas pendientes del Estado figura el Ministerio de Salud Pública, el cual debe US$ 371,3 millones por el abastecimiento de insumos y medicamentos. Mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) adeuda US$ 210 millones por la provisión de insumos y remedios.
La deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las contratistas ronda los US$ 350 millones solo en capital, sin contar los intereses devengados por los atrasos en los pagos por las obras viales que tanto el entonces presidente Mario Abdo Benítez alardeaba al justificar su gestión.
También el Ministerio del Interior está en una complicada situación financiera, con dinero comprometido por los contratos plurianuales que impactan en el presupuesto de varios años consecutivos. Según el ministro Enrique Riera, en total serían unos US$ 250 millones de compromisos pendientes con los proveedores, de los cuales unos US$ 42 millones corresponden al Interior, y US$ 200 millones a la Policía Nacional y están relacionados a gastos de seguridad. Este último monto no estaba presupuestado, y por tanto no tiene plan de caja, según advirtieron desde el área administrativa.
Otra institución que no se escapa de la terrible realidad es la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que posee una deuda de ejercicios anteriores que suman por encima de los G. 30.000 millones con sus proveedores. A eso se suman las llamativas contrataciones de personal realizadas a tambor batiente durante el proceso de transición presidencial.
El nuevo ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, estimó un déficit fiscal de 4,1% para este año, al incluir la deuda con los proveedores del Estado que dejó el Gobierno anterior pero que no previó honrar.
El senador colorado Gustavo Leite resaltó que los proveedores no tienen la culpa de que el Gobierno no haya previsto los fondos para pagar por las obras ejecutadas, por lo que el Estado debe cumplir su parte. Según precisó, la deuda flotante es de casi mil millones de dólares.
Preocupado por las deudas que dejó el Gobierno anterior, el senador colorado Derlis Maidana presentó un pedido de informe al Ministerio de Hacienda sobre el endeudamiento público. El legislador pide que la institución informe el saldo de la deuda interna y externa de la Administración Central y de las Entidades Descentralizadas, clasificado por organismo financiador; el servicio de la deuda pública, especificando el monto que debe honrar el Estado durante el presente Ejercicio Fiscal y el Ejercicio Fiscal 2024; el saldo a desembolsar de los empréstitos en proceso de ejecución y saldo no utilizado de recursos provenientes de la emisión de bonos; el monto de bonos emitidos destinados para el rescate de deuda conforme a la Ley N° 6638; la deuda pendiente de pago del Ministerio de Obras Públicas con empresas vialeras y la del Ministerio de Salud Pública con las empresas farmacéuticas.
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