Dimabel apresuró millonaria adjudicación directa a empresa brasileña por debajo de la mesa
Hace unas semanas desde el programa La Caja Negra, se dejó al descubierto que existe un avanzado plan para entregar recursos y mano de obra de la DIMABEL a la empresa Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), que vendrá a producir municiones para su posterior venta y cuyas ganancias solo beneficiaran a la firma extranjera. Se habló de una entrega de soberanía, pero desde la institución militar salieron a desmentir tal situación.
En su derecho a réplica los representantes de la DIMABEL señalaron que el Acuerdo Previo de Entendimiento firmado por la institución con la empresa brasileña CBC MERCOSUR S.A. le generará cuantiosos beneficios económicos al país (hablaron de unos 6 millones de dólares) derivados del aumento de la producción a 100% de su capacidad fabril y la comercialización a cargo de la empresa en el mercado externo.Sin embargo existen muchos muchos puntos oscuros en la explicación que dieron los representantes de la DIMABEL, cuyo titular el general de División Aldo Daniel Ozuna Recalde todavía no dio la cara con relación a este caso.En el acuerdo se apunta que CBS MERCOSUR contratará: “a la DIMABEL para la industrialización por encomienda de municiones en las instalaciones de la DIMABEL, de manera que ésta última pueda utilizar el 100% de su capacidad fabril. En dicho caso, la CBC MERCOSUR proveerá de materias primas e insumos necesarios y será responsable por la comercialización de las citadas municiones” Lo que hace suponer que los productos terminados llevarán la marca de CBC y las venderá en el mercado externo, sería absurdo que la empresa brasileña produzca municiones que lleven la marca de DIMABEL y compitan en el mercado con su propia producción.Según manifestaron los representantes de DIMABEL, la contraprestación a favor de la institución será acordada en contratos específicos, conforme a lo previsto por las cláusulas 2.2 y tercera.
Sin embargo, la cláusula tercera en sus partes relevantes señala que la DIMABEL podrá “presentar peticiones formales por escrito a CBC MERCOSUR (“Petición”), con los requisitos técnicos y comerciales necesarios para el análisis de la viabilidad técnica y elaboración de la propuesta financiera por parte de CBC MERCOSUR para el suministro de componentes o prestación de servicios por la misma CBC MERCOSUR o por las entidades CBC”. Se habla de una petición, que puede ser aceptada o rechazada, en ninguna parte dice que hay un compromiso.
De esta manera, se entiende que no solamente el asesoramiento técnico respecto a la adecuación y equipamiento de la fábrica de la DIMABEL estará a cargo de CBC MERCOSUR, sino también de la provisión del equipamiento e instalación de las maquinarias y que todo ello será parte de la negociación del modelo de distribución de utilidades; aunque no lo diga explícitamente asumimos tal conclusión basados en las afirmaciones de los representantes de la DIMABEL de que en estas cláusulas se encuentran las bases para los beneficios a ser acordados a favor de la institución.
La administración de los bienes del Estado en todas sus modalidades tiene como principios rectores la transparencia, publicidad y competencia que están previstos en la Ley N. 2.051/03 “De contrataciones públicas”, Ley N. 1.618/00 “De concesiones de obras y servicios públicos” y – no es la excepción – la Ley Nro. 5.102/13 “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.
Teniendo todo esto en cuenta está más que claro que el acuerdo leonino que firmó el general Aldo Ozuna, no pueden ser llevados por cuerda separada, cuando existe una ley de contrataciones públicas que rige la manera y términos en que se deben hacer estos acuerdos y también está vigente la Ley N 5.102/13, por lo que este acuerdo debe ser anulado. Es más el simple hecho de estar firmando un acuerdo por encima de las leyes debería ser razón suficiente para que la Fiscalía tome cartas en el asunto e investigue las oscuras aristas de todo lo que se viene dando desde fines del año pasado cuando se presentó el acuerdo como un negocio para el Estado, cuando en la práctica no lo es.
La DIMABEL puede establecer mecanismos de inversión privada para adecuar su infraestructura y producir los bienes que son objeto de su cometido institucional, pero no lo puede hacer a su antojo, discrecionalmente y de manera directa con quien considere “líder en el rubro”; sino que existe un ineludible procedimiento público, competitivo, previo a la adjudicación del contrato de participación público-privado, en un marco de igualdad entre los interesados.
Pero de la mano del general Aldo Ozuna y apresuradamente la DIMABEL se comprometió con CBC MERCOSUR a llevar adelante el gran negocio de las municiones dejando de lado todos los procedimientos legales dejando en abierta desventaja a la institución militar y al Estado paraguayo. A las claras este acuerdo debe ser anulado cuanto antes y llamar a una licitación clara bajo las reglas que las leyes tienen previstas para que se presenten las empresas públicas o privadas a competir en igualdad de condiciones y no torcer los procesos rayando con el delito para darle una mano a los “amigos”.
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