Disputa por la estancia Korichiré: aberración jurídica y rosca mafiosa judicial
DISPUTA POR LA ESTANCIA KORICHIRÉ: ABERRACIÓN JURÍDICA Y ROSCA MAFIOSA JUDICIAL. FOTO: LCN.
El litigio por la estancia Korochiré, inmueble de 12.634 hectáreas ubicadas en el Departamento de Alto Paraguay, pone al descubierto las roscas mafiosas que operan en el ámbito judicial.
Marcada por aberraciones jurídicas, la empresa Agro Inversora Occidental S.A. (AGROOSA) y la familia Garcete se encuentra en una batalla por la tenencia de las tierras ubicadas en la zona de Korochiré, ubicada a 150 kilómetros de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay.
En el 2011, un colono brasileño presentó el título de propiedad del establecimiento y ofreció las tierras a la empresa Agro Inversora Occidental S.A. Ante esto, la familia Garcete impulsó un juicio por usucapión contra el extranjero por haber abandonado el sitio, pero este reclamó la devolución del inmueble por medio de la reivindicación.
En el 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó el Acuerdo y Sentencia N°833, rechazando íntegramente la demanda de usucapión promovida y haciendo lugar a la demanda reconvencional de reivindicación. Es decir, fallando a favor del colono brasileño.
Tras destrabarse el litigio judicial sobre la propiedad de las tierras, AGROOSA adquirió las tierras en el año 2014, convencida de comprar una propiedad exenta de vicios y cargas; condición esencial para realizar las inversiones que la empresa se proponía.
Al año siguiente, en el 2015, Alicia Garcete y su familia fueron desalojadas de dichas tierras al ejecutarse la decisión judicial. En ese momento, la mujer denunció que fue Oscar González Daher quien estaba detrás del despojo, ya que su esposa Nélida Chávez fue la escribana de la empresa.
Durante los siguientes tres años, la agroganadera realizó numerosas y millonarias inversiones, hasta que en el año 2019, el entonces juez multifueros de Boquerón, Aníbal Ortiz Granada, llamativamente ordenó la restitución inmediata de la estancia Korochiré a Dionisio Garcete Fleitas (integrante de la familia Garcete). Con este fallo realizó una suerte de revocación de la sentencia que había dictado la Corte Suprema de Justicia en un juicio ordinario.
Fue en este proceso por interdicto de recobrar la posesión que varias personas se encuentran actualmente imputadas por diversas irregularidades cometidas.
En ese sentido, la ahora exfiscal Josefina Aghemo imputó setiembre del 2020 al actuario judicial Carlos Alberto Dominguez Sanabria y el abogado Julio Godoy Ayala por producción de documentos públicos de contenido falso. Según los antecedentes, el funcionario del Tribunal de Apelaciones Multifueros de Boquerón habría antedatado un escrito del abogado Godoy para que no le venciera el plazo en el juicio.
A su vez, en mayo del 2021, la fiscal Stella Mary Cano imputó a Alicia Garcete viuda de Ayala, Dionisio Garcete Fleitas, Rafael Adrián Ayala Barúa, el exjuez Anibal Ortiz Granada, entre otros, por los supuestos hechos de estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, apropiación, testimonio falso, prevaricato y asociación criminal.
Ortíz Granada fue quien dio lugar al interdicto de recobrar la posesión por el cual Alicia Garcete y su familia recuperaron sus tierras. Uno de los imputados, Ayala Barúa, reconoció ante un escribano que mintió a pedido de los Garcete durante el juicio de interdicto. Indicó que los mismos le propusieron que debía decir que los conocía y que hicieron mejoras en la estancia Korochire pero que habían sido desalojados de forma violenta y sin orden judicial. A cambio –según sus palabras- le iban a otorgar una parte de la propiedad, pero esto finalmente no se cumplió.
En octubre pasado, la fiscal de Luque, Sandra Ledesma, imputó a Adán Alessio Ayala Garcete, Guillermo Héctor Insfrán, Angel Junio Ortiz y Angel Maria Ayala Garcete por coacción grave, robo agravado y asociación criminal por presuntamente haber atacado un mes antes, junto con un grupo de 10 personas armadas, a unos guardias de la estancia Korochiré. Según la fiscalía, los imputados actuaron con mucha violencia y amenazaron con matar a los trabajadores del establecimiento si se resistían.
Además en el marco del litigio, Alicia Garcete denunció que llegó a entregar dinero al juzgado de Boquerón y a Tomás Rocholl, jefe de Gabinete del ministro César Garay Zuccolillo, para recuperar más rápido la posesión del inmueble, pero que de igual manera sigue siendo hostigada para que deje el sitio.
De momento, el proyecto de la agroganadera quedó parado por lo que la empresa considera una completa aberración jurídica que causa un enorme perjuicio, atendiendo a que la Corte ya juzgó en el pasado quién es el legítimo propietario del inmueble y luego eso se alteró mediante un interdicto.
Otro punto que cuestiona la empresa es que dicho proceso civil se realizó en estado de indefensión, porque las notificaciones en el marco del juicio fueron realizados en un lugar distinto al domicilio de AGROOSA y la parte afectada recién se enteró cuando Dionisio Garcete se presentó a ejecutar la sentencia.
Actualmente la representación legal de la agroganadera promueve un incidente de nulidad de actuaciones, para que las cosas vuelvan al estado anterior a la sentencia y el juicio se vuelva a sustanciar, permitiendo de ese modo el ejercicio al derecho a la defensa. Ese incidente se sustanció pero no puede resolverse por las recusaciones presentadas por la contraparte.
About Author
