El lapidario informe de la Contraloría confirma negociado de Conajzar con iCrop
La Contraloría General de la República dio a conocer su informe final de la fiscalización especial inmediata realizada a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) en torno a la legalización de las máquinas tragamonedas “mau”.
En ese sentido, expuso que la empresa iCrop SA fue contratada de forma directa por la Conajzar en noviembre del 2020, a través de una cuestionada resolución, para censar, catastrar y explotar las máquinas tragamonedas del país. Conforme a los comprobantes de los depósitos bancarios, hasta junio del 2021, la firma iCrop abonó a la Conajzar la suma de 316.781.040 guaraníes, en concepto de cobro de canon fiscal.
La institución contralora pudo evidenciar que la Conajzar autorizó mediante la resolución 34/2020 la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas en locales accesibles a todo el público, pero no promovió políticas de juego responsable y de prevención de ludopatía en los menores de edad que tuvieron acceso pleno a estos juegos.
Tampoco la Conajzar realizó un debido proceso licitatorio para la concesión, con alcance nacional, para la nueva modalidad de explotación de los tragamonedas. Esta situación impidió que otras empresas tengan la posibilidad de participar en igualdad de oportunidad y que la concesión se haga al mejor oferente, según consta en el informe final.
Ante estas irregularidades detectadas, la Contraloría recomendó a la Conajzar que futuras concesiones se ajusten estrictamente a las disposiciones legales vigentes, como por ejemplo que se haya elaborado el pliego de bases y condiciones para la licitación, y además que implemente una investigación interna para individualizar y sancionar a los responsables de alguna falencia detectada en estos procesos.
Hay que recordar que por este y otros casos irregulares, José Ortiz fue sacado de la Conajzar y que, luego de una denuncia presentada por un grupo de senadores, fue imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza.
En junio pasado, la Conajzar decidió anular el contrato de explotación con iCrop, y este a su vez recurrió a la justicia, donde presentó una demanda contra la institución y solicitó una medida cautelar de “prohibición de innovar” para seguir con el negocio de las tragamonedas, sin embargo, esta última petición fue rechazada por “improcedente”.
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