El mayor escándalo de corrupción en tiempos de pandemia: el clan Ferreira
Justo Ferreira y Patricia Samudio. Foto: Gentileza.
Al cumplirse tres años de gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez los escándalos de corrupción merecen un capítulo aparte en el análisis. El equipo de la Caja Negra revelo en abril del 2020 el mayor escándalo de corrupción en tiempos de pandemia.
El caso, que hoy prácticamente quedó impune, comenzó así:
El congreso de Paraguay había promulgado en abril del año 202 la ley N° 6524/2020 que declaró Estado de Emergencia en todo el territorio ante la pandemia por el Covid-19. Con esta normativa se autorizó la contratación de un préstamo internacional por valor de US$ 1.600 millones para fortalecer el sistema de salud y los programas sociales necesarios para asistir a la población.
De este monto total aprobado por ley, se dispuso que el Ministerio de Salud disponga de un fondo de US$ 500 millones para equipar los hospitales y proveer de equipos de bioseguridad a los médicos y enfermeras. Al mismo tiempo Paraguay comenzaba una de las cuarentenas más largas del mundo.
El 10 de marzo, tres días después de que se confirmaran los dos primeros casos de contagio en el país -los de dos ciudadanos provenientes de Ecuador y Argentina-, el presidente Mario Abdo, apoyado por el ministro de salud Julio Mazzoleni, decretó cuarentena total a nivel nacional que duró más de 200 días. Todos nos quedamos en casa.
La consecuencias económicas y sociales del encierro fuero incuantificables. La pandemia dejó a su paso miles de desempleados, negocios cerrados y una fuerte retracción económica proyectada en alrededor del – 2,5% para este año.
En el ámbito sanitario Paraguay suma más de 400 mil contagios confirmados y más de 15 mil personas fallecidas por la enfermedad.
A un mes del inicio de la cuarentena y mientras miles de familias paraguayas fueron obligados a permanecer encerradas en sus casas, el Ministerio de Salud procedió a adjudicar los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del Covid-19 en nuestro país. Se gastaron 13,5 millones de dólares en una sola contratación y se benefició a empresas de dudosos antecedentes.
La investigación del caso arrancó el martes 14 de abril en el programa La Caja Negra. El trabajo consistió en observar y contrastar los datos abiertos publicados en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas. Los primeras pistas del caso revelaban que la millonaria contratación se había hecho vía excepción alegando “urgencia impostergable”, es decir no hubo concurso de precio y el proceso arrancó plagado de irregularidades.
El ministerio de Salud, a cargo del Dr. Julio Mazzoleni, no efectuó ningún llamado ni convocó a todas las empresas que podían ofertar los productos requeridos, sino que benefició directamente a dos empresas vinculadas entre sí.
La falta de transparencia quedó evidenciada ya que en ninguno de los documentos que obran en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), se hace referencia a que se haya invitado a las empresas que usualmente suelen proveer al estado en el rubro de la salud.
Otro punto irregular fue que, en el portal de Contrataciones Públicas se ha publicado que “no se otorgará anticipo”; sin embargo, al observar las Condiciones Especiales del Contrato, se constató que en una de las cláusulas se estableció la entrega de un anticipo equivalente al 20% del valor adjudicado, unos 17 mil millones de guaraníes.
Las empresas beneficiadas por el ministerio de Salud fueron: Insumos Médicos SA (Imedic) cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, por un monto total de G. 47.952.500.000 y Eurotec SA, cuyo representante legal según los datos de del portal de Contrataciones Públicas es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, favorecida con un contrato de G. 37.268.000.000. La compra directa vía excepción benefició así a empresas pertenecientes a un mismo clan familiar.
En la Constitución de Sociedad y Actas de Asamblea de las únicas empresas adjudicadas, se pudo verificar que las mismas pertenecen a los hijos del empresario Justo Ferreira.
Las empresas del clan Ferreira beneficiadas con los contratos se comprometieron a proveer al Ministerio de Salud 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos, 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.
Se trataba de la primera gran compra de insumos médicos que el país aguardaba para fortalecer el sistema sanitario, equipar a los médicos para poder enfrentar la pandemia de Covid-19. El mensaje de las autoridades para justificar la decisión de someter a la población a una dura cuarentena era que se necesitaba fortalecer el sistema sanitario para hacer frente a la pandemia.
Las empresas del clan Ferreira fueron beneficiadas con centenares de adjudicaciones en los últimos años convirtiéndose así en los mayores proveedores de insumos médicos y medicamentos para los hospitales públicos en Paraguay.
Ambas empresas, Eurotec S.A. e Insumos Médicos S.A.poseen dudosos antecedentes ya que aparecen salpicadas en el esquema de estafa y lesión de confianza que involucró a altos gerentes de laboratorios privados acusados por la fiscalía de haber causado millonarios perjuicios a las empresas para las que trabajaban.
El nombre de Justo Ferreira se vincula al de Roque Dagogliano y Carlos Borrell en el 2019, luego de que ambos fueran denunciados por las empresas que las que trabajaban, las farmacéuticas Scavone Hnos y Éticos, respectivamente.
El caso de los insumos chinos quedó al descubierto gracias a la investigación de La Caja Negra, ocasionando posteriormente consecuencias en diversos ámbitos tanto administrativos como judiciales.
La denuncia periodística derivó en la intervención puntual sobre el hecho de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público, como así también a la Comisión de Control liderada por el Ministro Arnaldo Giuzzio.
La Contraloría General de la República emitió un detallado y condenatorio informe sobre las irregularidades del proceso de contratación. El dictamen presentó 13 observaciones de hechos graves con relevancia penal.
La conclusión de la Contraloría fue contundente: La contratación realizada por el Ministerio de Salud se encuentra viciada desde todo punto de vista. El ente contralor recomendó la rescisión del contrato y el sumario de los funcionarios. El caso derivó además en una investigación de carácter penal que hasta la fecha no derivó si quiera en una imputación por principal hecho denunciado: el intento de estafa.
Las empresas beneficiadas con los contratos finalmente no cumplieron con lo pactado, la carga de insumos llegó incompleta y no correspondían a lo pactado en el contrato. El ministerio de salud tuvo que rescindir los contratos y solicitar la devolución del anticipo pagado.
La imagen del gobierno, en especial la del Presidente de la República Mario Abdo Benitez y la del entonces ministro de Salud Julio Mazzoleni, se vio severamente golpeada por el escándalo de las compras fallidas de insumos chinos. El caso se convirtió en el mayor escándalo de corrupción con fondos públicas destinados a la pandemia.
La compra fallida y el intento de negociado tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos.
El caso de la fallida compra de insumos chinos revelado por La Caja Negra consagró el fracaso en la gestión sanitaria del gobierno de Mario Abdo Benítez.
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