Fulminante auditoría revela escandalosa tragada de dinero en MOPC con Efraín Alegre

Un fulminante informe confidencial de una auditoría hecha por el propio Poder Ejecutivo revela la supuesta tremenda tragada de dinero en el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Efraín Alegre. Pese a que se detectaron irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritaban una urgente intervención para deslindar responsabilidades, este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los organismos de control y fiscalización, como la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, tal como recomendaron los auditores.

Ante las aparentes sospechas que existían sobre los turbios manejos del entonces ministro Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas, fue encomendada una fiscalización de carácter confidencial que finalizó el 30 de noviembre del 2011, pero que fue cajoneada por el Poder Ejecutivo.

Recién ahora sale a luz el resultado de la Auditoría de Revisión Especial del Ejercicio Fiscal 2010 y el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2011, que abarcó la administración de Efraín Alegre, quien estuvo en la institución desde el 15 de agosto del 2008 al 05 de junio del 2011, cuando fue rajado por el entonces presidente Fernando Lugo.

Desde desprolijidades en las compras públicas, dudosos legajos de funcionarios, hasta obras millonarias varadas, son algunas de las irregularidades que fueron detectadas en el trabajo de los auditores al cual accedió el equipo de La Caja Negra. El monto total del perjuicio que se habría ocasionado en la era del liberal superaría los 37 millones de dólares.

Según la conclusión final del informe secreto, la recomendación hecha por el equipo fiscalizador constaba de dos puntos principales. El primero iba dirigido al ministro de Obras Públicas, recomendando que coordine las medidas correctivas presentadas en el documento. El segundo instaba al Presidente de la República a impulsar una investigación del origen, causa y responsable de las presuntas irregularidades, de modo a deslindar las responsabilidades, y además aconsejaba al mandatario elevar el informe a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, la decisión final fue archivar este informe de carácter confidencial que estaba limitado al Presidente y el Ministro de Obras, y nunca se derivó a las instancias correspondientes para su investigación.

-DESPROLIJIDADES E IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ALEGRE AL FRENTE DEL MOPC

El equipo auditor que investigó la administración de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas detectó varias irregularidades en el área de bienes y suministro, con las compras que efectuaba la institución pública y que ascienden a un monto que ronda los 20 millones de dólares.

Entre las situaciones observadas figura el escaso control sobre el consumo y distribución de combustible. En ese sentido el informe refiere que en el 2010 se adquirieron combustibles por G. 30.656.992.574, y en entre enero y junio del 2011 por G. 26.986.268.800. Los intervinientes consideraron que hubo mínimos controles en cuanto a los registros sobre el consumo y la utilización de combustibles, ya que los vehículos y maquinarias en la mayoría de los casos poseían desperfectos como la cuenta de kilometraje y horómetros sin funcionar, lo cual impedía medir con exactitud la cantidad utilizada.

Otro punto encontrado fue la boca de expendio de combustibles sin las condiciones mínimas requeridas, atendiendo a que se encontraban deterioradas, sin matafuego, carteles y alcantarillados perimetrales que eviten la pérdida de combustible, lo cual ocasionaba riesgos de accidentes como incendios y daños ambientales.

En uno de los casos los auditores detectaron que el totalizador de la máquina expendedora de combustibles en San Ignacio Misiones no funcionaba y que la medición del tanque se realizaba a través de una regla de madera. Misma situación se dio en Desmochado Ñeembucú, Edelira Itapúa, Caaguazú, Ñumi Guairá, entre otras localidades del país.

Los intervinientes pillaron además la existencia de filtro de combustible sin funcionamiento en Pozo Colorado, lo cual podría repercutir en alteraciones en las partes mecánicas de los vehículos y maquinarias, y además ocasionar gastos para el ministerio por mantenimientos y reparación.

Según el informe confidencial, tampoco funcionaban los totalizadores de expendio de combustible en San Ignacio, Desmechado, Edelira, Cabañas, Ñumi, San Juan de Nepomuceno, entre otros.

Además los intervinientes dejaron constancia de que el sistema de medición de combustible no era confiable, ya que detectaron reglas de medición de combustibles que no se adecuaban a la capacidad y características de los tanques de reservorios.

Como así también visualizaron un incumplimiento de una resolución del MOPC, referente a la recepción de cemento asfáltico de dos empresas proveedoras (ALDIA SA y Compasa SA) por la suma total de G. 7.868.344.547, porque se habían recibido sin la participación de la auditoría interna.

Otra irregularidad detectada guarda relación a los bienes de uso del ente estatal que no contaban con título de propiedad. En ese sentido, de acuerdo al informe reservado, de 102 máquinas y 28 camionetas utilitarias adquiridas en el 2010, cuyo valor de adquisición asciende a G. 68.139.742.134, solo 6 maquinarias y 21 camionetas contaban con el título de propiedad pese a que había pasado un año de sus adquisiciones.

En cuanto al mantenimiento y reparación de la maquinaria de la institución, el documento revela que la Dirección de Bienes y Servicios del MOPC no contaba con un plan anual de mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y equipos, como tampoco tenía estudios técnicos para la adquisición de los mismos.

Durante la auditoría se descubrió además que no existía documentación respaldatoria de las reparaciones y mantenimientos que se hicieron entre el 2010 y 2011, durante la gestión de Efraín en el MOPC, y que costaron G. 7.078.376.887. Según una nota interna del MOPC, se dejó constancia de que las gestiones fueron realizadas a través de la supervisión técnica y en coordinación directa con el ministro.

Tampoco había un informe sobre los aspectos técnicos y económicos para la adquisición de maquinaria y otros materiales durante el 2010 y parte del 2011, que comprende la administración de Alegre.

Otras perlitas detectadas fueron la existencia de vehículos con cuenta kilómetro averiados en las oficinas distritales, lo cual imposibilitaba el control efectivo del consumo del hidrocarburo y el mantenimiento a realizarse al rodado. A modo de ejemplo se anexaron en el documento fotografías de vehículos de gran porte con desperfectos en Itauguá y Amambay.

¿PLANILLERISMO EN ÉPOCA DE EFRAÍN?: AUDITORÍA PILLÓ ANOMALÍAS EN PAGO A FUNCIONARIOS DEL MOPC

La auditoría hecha en el 2011 a pedido del Poder Ejecutivo durante la administración de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas detectó varias irregularidades en el pago de jornales y honorarios profesionales en la institución pública y en los legajos de los funcionarios, que suman alrededor de 4,5 millones de dólares, lo cual hace sospechar de la existencia de planilleros en la época del liberal.

Conforme al informe final de carácter reservado, en el MOPC existían legajos de pago de jornales incompletos. Durante la auditoría especial fueron visualizados legajos de jornales, por un monto total de G. 2.228.650.807 en el 2010, y G. 954.337.937 entre enero y junio de 2021, ascendiendo a un total de G. 3.182.988.744, que no presentaron el total de la documentación exigida por la Contraloría General de la República.

En el material confidencial se citan los casos de funcionarios que percibían salarios comprendidos entre G. 1 millón y G. 1 millón y medio, pero que no tenían la documentación exigida, tales como certificado de disponibilidad presupuestaria, orden de transferencias bancarias, factura, contrato de prestación de servicios, entre otras.

También durante el trabajo de auditoría se hallaron legajos de pago de jornales sin factura por G. 556.390.000, además de planillas de liquidación de salarios sin firma de los responsables y de los funcionarios remunerados; y comprobantes de retención de IVA – RENTA sin firma del jefe de ejecución.

Entre las inconsistencias detalladas por los auditores se evidencia el incumplimiento de una disposición legal referente al objeto de gasto de jornal del trabajador. En ese sentido se expone el cobro de salario de un funcionario, de G. 3.500.000, cuando la disposición legal establecía dos salarios mínimos (en ese entonces equivalente a G. 1.408.864 x 2, es decir G. 2.817.724) para las actividades diversas no especificadas.

A la larga lista de “perlitas” halladas en el MOPC se sumaron los casos de funcionarios que tenían legajos incompletos, sin respaldo documentario de sus títulos, ni certificados de nacimiento, antecedente policial, judicial, ni tampoco contrato. En el informe se citan 10 casos, que juntos suman G. 17.500.000 en salario mensual.

Así también fueron hallados legajos de pago de honorarios profesionales incompletos, por un monto total de G. 1.312.486.218. Las falencias citadas fueron la falta de orden de transferencias bancarias, constancias de no ser funcionario público, factura, contratos, fotocopia de RUC, declaración de impuestos, entre otros.

Durante la gestión de Efraín Alegre en el ministerio hubo diferencias entre la planilla de liquidación de salarios y resolución de autorización de contrato. En solo dos casos citados en el informe, la diferencia en un mes fue de casi G. 7 millones.

Según la auditoría, fueron detectados casos de funcionarios sin títulos universitarios, pese a que esta formación era requisito legal para la contratación de los trabajadores del ministerio bajo el gasto de honorarios profesionales.

Otro punto grave fue la existencia de una funcionaria que cobraba un salario mensual de G. 8.113.636 cuyos datos no fueron encontrados en la institución por parte de la Dirección de Recursos Humanos.

Además en algunos legajos faltan los informes de los trabajos realizados por funcionarios con salarios que iban de los 5 millones a incluso los 14 millones de guaraníes al mes. Totalizando G. 52.492.976 en honorarios mensuales de siete funcionarios sin justificación de trabajos efectuados en la institución.

Fue detectada asimismo la falta de una planilla de asistencia de funcionarios. Se citan en el informe el caso de cinco trabajadores que ganaban entre 6 millones y 14 millones, totalizando la suma de G. 59.164.849 mensuales.

Se hallaron legajos de personal contratado incompletos, tales como la falta de antecedentes personales, fotocopias de cédulas, entre otros. Allí se citan 11 casos, los cuales suman más de G. 100 millones en concepto de salario al mes.

Durante el periodo de Efraín se encontraron masivos convenios modificatorios contractuales por G. 26.000 millones. De 124 contratos que se tomaron como muestra, 80 de ellos sufrieron cambios con respecto a los contratos originales, lo cual afecta el presupuesto de la institución, ya que obligaba a pedir reprogramaciones o ampliaciones. Esto revela la falta de eficiencia en la planificación del ente estatal, según los intervinientes.

DESCOMUNAL TRAGADA EN ÉPOCA DE EFRAÍN: AUDITORÍA EXPONE LA “RUTA DE LA MENTIRA” Y OTRAS OBRAS VARADAS

La auditoría confidencial de la gestión de Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas expone descomunales tragadas de dinero con grandes obras, algunas de ellas que pasaron desapercibidas y otras muy cuestionadas como la llamada “ruta de la mentira”. Entre licitaciones postergadas, obras abandonadas, con atrasos e inconclusas suman más de 13 millones de dólares en perjuicio.

El trabajo de auditoría hecho a pedido del entonces presidente Fernando Lugo, detectó en el 2011 que 36 licitaciones fueron protestadas durante el ejercicio fiscal 2010 y el periodo comprendido de enero a junio de 2011. Se cita allí la adjudicación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos por G. 443.250.000 al taller mecánico El Esfuerzo, cuyo contrato iba del 26 de octubre del 2010 al 26 de enero del 2012, pero que se terminó anulando.

Durante la realización de la auditoría de revisión especial los intervinientes observaron que ciertas obras adjudicadas por el MOPC, cuyomonto asciende a G. 27.493.341.247, estaban totalmente abandonadas. Algunas que son citadas en el informe son:

El puente en Luque –San Bernardino, por el cual se pagó en marzo del 2011 la suma de G. 386 millones, de los G. 887 millones adjudicados. El contrato se firmó en septiembre del 2009 y debía estar listo en diciembre del 2011, pero al verificar en septiembre del 2011 ninguna persona estaba trabajando en el sitio.

Otro puente sobre la ruta Luque-Samber fue adjudicado a inicios del 2010, se hizo un pago del 51% equivalente a G. 274 millones de los G. 541 millones adjudicados, y estaba previsto que se termine en febrero del 2011. Sin embargo, en septiembre del 2011 se constató que la obra estaba abandonada. Un mes después, mediante un informe, la Dirección de Planificación Vial informó que los trabajos concluyeron.

Un tercer puente sobre ese tramo también estaba con retraso. Por esta obra se pagó el 96% del monto adjudicado (G. 1.125 millones), debía estar finiquitada en octubre del 2010, pero al verificar en septiembre del 2011 ningún obrero estaba trabajando en ese lugar.

Lo mismo fue detectado en un cuarto puente de esa misma conexión, por el cual se pagó G. 906 millones de los G. 1.713 millones adjudicados, pero se encontraba con 252 días de atraso.

Otro puente entre Itauguá-Ypacaraí fue adjudicado por G. 417 millones y se pagó un adelanto de G. 83 millones, pero la obra también fue abandonada.

En Caaguazú fue adjudicada una pavimentación tipo empedrado por G. 22.907 millones en diciembre del 2009 con un plazo de 1.000 días, pero al verificarse en octubre del 2011 los fiscalizadores concluyeron que la obra fue abandonada por la empresa responsable.

Para estos casos, la recomendación dada por los auditores fue la de ejecutar las penalizaciones y de suma urgencia enviar los antecedentes a Asuntos Jurídicos para su dictamen y además a Contrataciones Públicas.

Por otro lado, durante la auditoría confidencial se detectaron además obras inconclusas del MOPC durante la era de Efraín Alegre por montos que ascienden a la suma de G. 35.675.367.833 aproximadamente.

Entre las obras inconclusas de ese entonces figura el empedrado del tramo Areguá – Isla Valle –Yukyry, adjudicado por G. 1.274 millones, pero con 147 días de atraso.

El desagüe pluvial del tramo 4 Mojones –Villa Elisa – Avenida Cacique Lambaré, debía estar listo en julio del 2011, pero al verificarse en septiembre de ese año aún no estaba concluida la obra por la cual se pagó el anticipo de G. 3.787 millones de los G. 7.303 millones adjudicados.

Lo mismo ocurrió con un empedrado en el tramo Acceso Sur – Potrerito, que tenía 208 días de atraso al momento de verificarse, pese a haberse dado un adelanto de G. 36 millones de los G. 906 millones adjudicados.

La construcción de la ciclovía del Parque Ñu Guazu también aparece en la lista de las obras inconclusas durante la gestión de Alegre. Se firmó el contrato en julio del 2010 por la suma de G. 1.380 millones, debía estar terminada en abril del 2011 y se pagó a junio del 2011 la suma de G. 990 millones, sin embargo, la obra tuvo importantes retrasos, conforme a la fiscalización realizada.

Un empedrado en Edelira costó G. 4.784 millones, fue adjudicado en mayo del 2010 y debía estar listo un año después, pero tampoco en esta obra se respetaron los plazos previstos en el contrato.

En Obligado, Itapúa, un empedrado adjudicado en 2010 por G. 1.469 millones presentó un atraso de 133 días al momento de ser verificado en octubre del 2011.

Otra muestra de la desidia que existía en el MOPC durante el paso de Alegre por la institución es la pavimentación asfáltica en Encarnación para un acceso a un puerto privado que también presentaba retrasos en su conclusión. Al inspeccionarse esta obra se había pagado el 20% del valor total que ascendía a G. 8.960 millones.

En julio del 2009, un pavimento en Caazapá fue adjudicado por G. 7.247 millones, se pagó G. 4.874 millones y debía estar listo dos años después, pero pese al plazo dado, la obra seguía sin finalizarse al momento de la fiscalización.

EL CASO DE LA RUTA DE LA MENTIRA

El caso más escabroso que figura en el informe es la rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Caaguazú- Yhú- Vaquería, cuyo monto adjudicado fue de G. 69.713 millones y se desconoce la fecha exacta de la firma del contrato. Según el informe confidencial, durante la verificación in situ los intervinientes detectaron que la obra estaba paralizada pese a que la contratista Cotafel había recepcionado pagos hasta marzo del 2011 por G. 32.042.670.919, equivalente al 46% del valor total. Es decir, se llegó a pagar un millonario anticipo de US$ 7,5 millones por hacer absolutamente nada.

Tras la destitución de Alegre como ministro del MOPC, su reemplazante, Cecilio Pérez Bordón, decidió rescindir el contrato en septiembre del 2011, lo cual le valió a esta obra el mote de la Ruta de la Mentira de Efraín.

En ese entonces la recomendación hecha al MOPC era hacer efectivo el cobro de la póliza de garantía y/o solicitar a la empresa el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual.

Años después, este tramo en cuestión fue nuevamente licitado y concluido durante la gestión de Horacio Cartes, cuya inauguración se dio en marzo del 2015 como “La ruta de la verdad y la esperanza”.

Al ser un caso muy sonado mediáticamente, Alegre fue denunciado por lesión de confianza, estafa y tráfico de influencias, pero la investigación no avanzó y quedó impune. Mientras que los demás hechos detectados por los auditores fueron cajoneados por la Presidencia de ese entonces, pese a la recomendación de elevar los resultados a Asesoría Jurídica de la Presidencia y a Procuraduría para investigar y deslindar responsabilidades.