Identificaciones: pagarán más caro por cédulas viejas que las modernas con chip que se resisten a implementar

Plagada de hechos irregulares y ocasionando un grave perjuicio monetario al Estado paraguayo, se lleva adelante una millonaria licitación para la compra de insumos de cédulas de identidad y pasaportes que serán expedidos por un sistema obsoleto que sigue funcionando en Identificaciones, pese a que ya se cuenta con un moderno equipamiento que emitirá documentos electrónicos de manera más ágil.

Ante la falta de interés del Ministerio del Interior de implementar el proyecto de modernización del sistema de emisión de documentos de identidad electrónicos, la Comandancia de la Policía Nacional se ve obligada a adquirir insumos de tecnología vieja y a precios llamativamente elevados, manteniendo la hegemonía de dos empresas que vienen proveyendo en exclusividad a la institución desde hace una década.

Todo esto ocurre mientras la ciudadanía sufre por las excesivas esperas y las interminables colas para tramitar sus documentos.

El Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), el cual había sido adjudicado para la renovación de Identificaciones ya en el año 2017, formuló una denuncia ante Contrataciones Públicas en contra del reciente llamado de licitación pública N. 392830 para la Adquisición de Insumos de Cédula de Identidad y Libretas de Pasaportes para el Departamento de Identificaciones, realizado por la Comandancia de la Policía Nacional y cuyo monto presupuestario estimado es de ₲ 25.739 millones.

La empresa denunciante esgrime que se evidencia la escasa voluntad de las autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional de impulsar la implementación del nuevo sistema contratado en el 2017 que ofrece la expedición rápida de cédulas con chips electrónicos y por el cual el Estado paraguayo ya pagó como anticipo más de G. 46.000 millones.

En cambio, la institución policial ahora pretende adquirir insumos para la emisión de cédulas y pasaportes, utilizando su precario y obsoleto sistema, por una mayor cantidad de las que se necesitarían hasta la implementación del nuevo sistema.

En su denuncia, el consorcio adjudicado para brindar el moderno equipamiento refiere que se prolonga injustificadamente la dependencia de un sistema obsoleto y solo se favorece a dos empresas, Winner SRL y Artes Gráficas Zamphirópolos, las que a lo largo de 10 años fueron las únicas proveedoras a la Policía Nacional en materia de insumos para los documentos personales, ofertando bienes de tecnología anticuada a precios irrazonablemente elevados debido a que la competencia fue soslayada en todos estos años.Atendiendo que la empresa estima poner en marcha el nuevo sistema en diciembre próximo, siempre y cuando el Ministerio del Interior y la Policía Nacional cumplan en tiempo y forma los compromisos asumidos, considera que la cantidad mínima de insumos para cédulas comprometida en esta licitación, de 500.000 unidades, podría resultar suficiente para cubrir el consumo de Identificaciones por el lapso de 7 meses, a los que se debe agregar el stock existente.

Actualmente Identificaciones ya tiene un stock de 594.000 cédulas de identidad electrónica con chips para adultos; 198.000 cédulas no electrónicas para menores de edad; 55.000 pasaportes electrónicos, y 440 pasaportes para refugiados, que fueron otorgados por el consorcio.

Otro punto que se resalta en la denuncia es el excesivamente alto precio de los insumos que se maneja en la nueva licitación que realiza la Policía. Los precios de referencia no reflejan la realidad del mercado en dichos insumos, ya que para realizar el pliego solo se recurrió a una empresa para pedir cotización para las cédulas y a otra para los pasaportes, siendo que para la elaboración de los precios referenciales se exigen al menos tres precios obtenidos de la combinación de dos o más fuentes.

Pero la irregularidad no termina ahí, lo llamativo es que ambas empresas consultadas para el precio de referencia fueron las que finalmente presentaron sus ofertas con precios muy superiores. Para los insumos de cédulas de identidad el precio unitario de referencia era de G. 17.500, mientras que el precio unitario ofertado fue de G. 20.000. En cuanto a los pasaportes, la referencia era de G. 96.250 y el ofertado fue de G. 99.000. Solo el ítem de los documentos para los refugiados mantuvo ambos los montos de G. 385.000.

Todos estos precios de la nueva licitación sobrepasan excesivamente a los montos del contrato para el moderno sistema que “duerme” en Identificaciones. Al hacer un comparativo entre ambos se puede ver una notoria diferencia. El valor de la cédula ofertada por la empresa Winner (de USD 2,90) es más del doble del precio adjudicado al consorcio CDE en el 2017 (de tan solo USD 1,10) para la nueva cédula en policarbonato de menores sin chip. En el caso de los pasaportes es aún más notoria la diferencia: el precio de referencia de Artes Gráficas Zamphirópolos (de USD 14,35) es el doble del nuevo pasaporte con chip y hojas de datos en policarbonato (de USD 8,35). Mientras que en el pasaporte para refugiados el precio de referencia ofertado por Zamphirópolos (de USD 55,80) es siete veces mayor al del nuevo documento con chip del consorcio CDE (de USD 8,35).

Con estos números, surge la interrogante de por qué los insumos que no conllevan mayor tecnología cuestan el doble o inclusive el séptuple del precio de los que tendrán chips pero que las autoridades se resisten a implementar.
Por todo ello, el consorcio CDE solicita en su denuncia que la DNCP tome intervención oficiosa, suspenda el proceso mientras dure la investigación y aplique sanciones legales en el caso de constatar alguna irregularidad.

Hasta la fecha, el consorcio sigue aguardando que las autoridades del Ministerio del Interior reactiven el proceso de implementación de las pruebas en la primera fase del plan. Los equipos ya están instalados en Identificaciones, la empresa en reiteradas ocasiones envió notas a la institución para obtener respuestas y proseguir con los trabajos, pero el ministro Arnaldo Giuzzio aún no da su autorización.

En su defensa, Giuzzio argumentó en entrevista con la radio 650 AM que es el principal interesado en que funcione el nuevo sistema, pero que considera necesario que la Policía tenga acceso al código fuente, porque de lo contrario se generará una dependencia tecnológica con la empresa proveedora.