Joya verde de Asunción: inicia plan para desalojar industrias irregulares

Los amarraderos, barcazas, caleras y astilleros se encuentran ocupando irregularmente la Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción, al no ser compatibles para estar en un área silvestre protegida. Desde el municipio capitalino se impulsa una iniciativa para sacarlos del sitio, para la cual ya se encuentra analizando el mecanismo legal para proceder al desalojo.

En un astillero se manejan combustibles, lixiviados y elementos pesados como cobre que afecta al agua, por lo que la instalación de este tipo de emprendimiento en un sitio de valor ambiental resulta completamente ilógico. Más aún tomando en cuenta que este lugar se encuentra protegido por ley.

La reserva ecológica del banco San Miguel y la bahía de Asunción fue establecida por Ley N. 2.715/05 como resultado de varios esfuerzos orientados a la implementación de un área protegida dentro de la Bahía de Asunción y el Río Paraguay, entendida como el área que ocupa el banco San Miguel, la zona de las lagunas temporales y permanentes y la Bahía en sí (espejo de agua y zonas de inundación periódica).

En el 2020, la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) presentó un Proyecto de Declaración que, por una parte, reconocía la labor desplegada para proteger la Reserva Ecológica San Miguel y Bahía de Asunción y, por otra, instaba a varias instituciones a sancionar penalmente los hechos punibles ocasionados al sitio.

En ese sentido, solicitaba al Ministerio Público aplicar la máxima pena por perjuicio a Reservas Naturales y hechos punibles contra el medio ambiente en la reserva ecológica; al Ministerio del Ambiente reforzar la dotación de guardaparques en el área silvestre protegida; a las Fuerzas Armadas de la Nación fortalecer el control en la Bahía, y a la Municipalidad de Asunción anular o cancelar las autorizaciones y permisos concedidos en administraciones anteriores para la ocupación del lugar, así como iniciar las acciones judiciales para la recuperación de los terrenos municipales.

En estos años no hubo tanto avance en cuanto a estos pedidos hechos a las diferentes instituciones, ya que en el lugar pululan los emprendimientos. Ante la problemática que existe y los nulos resultados en encontrar una solución, la semana pasada, en la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal de Asunción, los concejales recibieron a los directores de Gabinete, Asesoría Jurídica, Catastro y Gestión Ambiental de la Intendencia para abordar la cuestión y buscar una salida a la situación.

En la ocasión, se informó que el municipio de Asunción tiene identificadas a 77 empresas (entre astilleros y amarraderos) ubicadas en las costas, 41 en la franja de la Costanera Sur y 36 en la norte, de las cuales 10 están en la zona de la reserva banco San Miguel, protegida por la ley 2.715. De las 77 empresas, 65 están de forma irregular.

Es imperante que estas tierras ocupadas sean recuperadas por el municipio y se conviertan en espacios públicos de conexión con el agua, de modo a que la ciudad vuelva a mirar hacia el río. Autoridades como los concejales Pauli Serrano y Luis Bello manifestaron su completo interés en concretar el despeje de estos sitios, y los ediles acordaron con la Intendencia avanzar primero con los procesos contra las empresas que están en el bañado norte, específicamente contra las 10 instaladas en la reserva que deben tener su plan de retiro (de 5 y 10 años como máximo), cuyo plazo está corriendo desde que el Ministerio del Ambiente aprobó el plan de manejo, en mayo del 2022.

De esta manera, el municipio busca avanzar desde el marco jurídico, por lo que los directores de las dependencias que participaron del encuentro con los concejales acordaron realizar la revisión documental y solicitud de informes a los ocupantes, de modo a luego proceder a desalojarlos. Se espera que en 15 días haya novedades sobre los procedimientos hechos.

Para el concejal Luis Bello, no existe forma alguna de justificar la presencia de los astilleros en la reserva porque la propia ley no les habilita. Si bien otros emprendimientos ubicados en la costa alegan contar con permisos del MADES, el edil dejó en claro que, independientemente a ello, el dueño de la tierra y quien debe dar la autorización es el municipio de Asunción, por lo que tiene la facultad de sacarlos del sitio.

De acuerdo con el concejal, existe una intención firme de que salgan del lugar, primero aquellos emprendimientos que están en sitios protegidos por ley y luego los demás, en atención a que existe una visión de la ciudad que mira al río y esto no contempla que haya amarraderos y caleras en la zona que posee un alto valor ecológico.

Es imperante que también el Ministerio del Ambiente tome cartas en el asunto para frenar la alteración que se produce al ecosistema del sitio, a raíz de las degradaciones por la actividad industrial, las ocupaciones informales y los desperdicios arrojados, ante la falta de guardabosques que controlen el lugar, situación que convierte poco a poco a esta joya verde de Asunción en un basural.