La gestión de Marito en pandemia: corrupción, inoperancia y muertes
Si bien Mario Abdo Benítez se sigue jactando de su gestión durante los momentos más críticos de la pandemia del Covid-19, la Contraloría General de la República expuso las terribles falencias y los escandalosos negociados cometidos por el Gobierno en su “gran comilona” con proveedores, mediante la estafa y sobrefacturación de los insumos médicos y medicamentos contra el coronavirus.
La Contraloría General de la República (CGR) remitió al Congreso Nacional su Memoria Anual 2021, el cual contiene en un anexo el gran desafío que conllevó hacer frente a la pandemia del Covid-19 en cuanto a la salud pública, en medio del mayor escándalo de corrupción que marcó la gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez.
El informe detalla los fatos que fueron realizados durante la cuarentena, cuando el Poder Ejecutivo dispuso que la población se quede en sus casas y el Legislativo aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de US$ 1.600 millones, mientras los funcionarios corruptos y los empresarios que tenían un afán desmedido de lucro, hacían sus grandes negociados entre cuatro paredes, sin importarles el terrible escenario que se avecinaba.
EL MODUS OPERANDI PARA LOS FATOS EN PANDEMIA
Pliegos direccionados y sin aprobación de la máxima autoridad, falta de invitación a empresas interesadas en participar de las licitaciones y la conformación irregular de los comités de evaluación, forman parte de las irregularidades cometidas por el Ministerio de Salud, de acuerdo con la Contraloría.
En su escrito detalla la falta de una constancia de que la institución haya invitado a otras empresas interesadas en presentar mejores propuestas en su llamado licitatorio. Hay que recordar que, ante la presunción que se tenía sobre los direccionamientos en estas convocatorias, Salud Pública había alegado que sí llegó a cursar invitación a otros potenciales oferentes pero que nadie se presentó. Sin embargo, la revelación de la Contraloría echa por tierra esa versión.
Otro punto importante mencionado en el reporte es que el pliego de los requisitos no fue aprobado por la máxima autoridad del ministerio. Con ello se intuye que dichos procesos fueron llevados adelante sobrepasando la figura del entonces ministro, Julio Mazzoleni. Entonces, si el Ministro de Salud no era el que aprobaba el pliego, entonces quién lo hacía. Es aquí que aparecen en el operativo de compras, según los antecedentes, hombres cercanos al Presidente de la República, ajenos al Ministerio de Salud, como el caso de Raúl Silva, un alto funcionario de Yacyretá salpicado en la cocinada de las fallidas compras de Salud al Clan Ferreira.
En cuanto a la evaluación, la Contraloría resalta que la omisión de los criterios de evaluación y calificación en el pliego de bases no garantizó a los potenciales oferentes invitados al llamado, que sus ofertas serían evaluadas y calificadas con objetividad, en igualdad de condiciones y con la transparencia. Además que los miembros del comité de evaluación fueron nombrados a través de Memorando de la Dirección Operativa de Contrataciones, cuando debieron ser conformados mediante la Resolución que aprueba el pliego.
Es de esta manera que un equipo externo era el que armaba y evaluaba los pliegos para favorecer a los amigos del Gobierno. En ese sentido es de público conocimiento el contubernio con el Clan Ferreira, el cual mediante sus empresas Eurotec e Imedic proveyó por vía de la excepción los famosos insumos médicos chinos al Ministerio de Salud. La colusión y corrupción en estas compras fueron corroboradas y generaron un tremendo escándalo en la pandemia.
Esta fallida compra de insumos chinos revelada por La Caja Negra consagró el fracaso en la gestión sanitaria del gobierno de Mario Abdo. Tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos.
Otro aspecto señalado por la Contraloría en su informe es la adquisición de equipos y accesorios de gases médicos para la contingencia de Covid-19, cuando los hospitales quedaron al punto de desabastecimiento y miles de vidas corrieron peligro. Pág. 302. Al igual que otras licitaciones, aquí el modus operandi se repitió: el pliego no fue aprobado por el ministro y tampoco invitaban a otros potenciales interesados.
FALTA DE MEDICAMENTOS Y POLLADAS
Las rifas y las polladas fueron una constante en pandemia. Los familiares de los internados se vieron en la necesidad de comprar Atracurio y Midazolán ante la falta de estos medicamentos en los hospitales. Al respecto, la Contraloría concluyó que existió falta de planificación y gestión oportuna en la adquisición efectiva de los fármacos.
La escasez de los medicamentos para los pacientes con Covid hizo lugar a las compras directas en Salud, con los precios de referencias muy superiores a los del 2019, con un pliego de bases y condiciones no aprobado por la máxima autoridad ministerial y con especificaciones técnicas que restringían la participación de varias proveedoras, retrasando así la reposición en los hospitales.
La misma situación ocurrió en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde la Contraloría detectó varias falencias en las compras por vía de la excepción de los medicamentos e insumos médicos para el combate al Covid-19, al incumplirse las formalidades establecidas para estos procesos. Pág. 308.
MÁS NEGOCIADOS EN PANDEMIA
Asimismo, la Contraloría detectó que los proyectos del MOPC para la construcción de los Hospitales de Contingencia en el INERAM y en el Hospital Nacional de Itauguá, no contaron con la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud, imposibilitando garantizar que las construcciones, desde el punto de vista de la salud pública, brinden un mínimo de seguridad. Tampoco la Superintendencia de Salud verificó el cumplimiento de los estándares mínimos obligatorios.
En cuanto a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Contraloría halló la entrega parcial de los insumos a las Ollas Populares y también el envío de productos alimenticios en mal estado, vencidos o con defectos.
Finalmente, en el programa de asistencia estatal Pytyvo, el Poder Ejecutivo desembolsó G. 11.500 millones a personas que no cumplían con los requisitos establecidos, de acuerdo con el informe publicado por la Contraloría.
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