Lapidario informe de Contraloría: vito con dinero público en las instituciones públicas
La Contraloría General de la República expuso las irregularidades cometidas en varias instituciones del Estado, en las cuales se hicieron un verdadero festín con el dinero público. Mientras que en otras no se ejecutaron importantes proyectos, como el caso de Salud Pública que dejó a la deriva a los pacientes oncológicos.
La Contraloría presentó el Informe Financiero del Poder Ejecutivo, ejercicio fiscal 2021, que contiene más de 500 actividades de control, 11 auditorías financieras, 3 dictámenes no razonables y 7 con salvedades. Además, 49 fiscalizaciones especiales inmediatas, 34 auditorías de cumplimiento, 338 informes de normas y requisitos mínimos y 25 dictámenes de Contrataciones Públicas.
Las observaciones en los balances de las instituciones públicas del Estado revelaron que el 90% de estas entidades cuentan con una calificación aplazada en sus finanzas. A continuación citamos algunas de las irregularidades.
MILLONARIOS SUBSIDIOS EN EL MOPC
De acuerdo con el informe de la Contraloría, el Ministerio de Obras Públicas pagó millones en concepto de subsidio al transporte público de pasajeros sin que se hayan presentado los documentos respaldatorios para dicho fin. En ese sentido el MOPC otorgó subsidios, de enero a marzo del 2021, durante la administración de Arnoldo Wiens, por valor de más de 677 millones de guaraníes a empresas cuyas resoluciones de explotación ya estaban vencidas. En tanto que durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año pasado, dio subsidios por más de 26 mil millones de guaraníes a empresas que no tenían la cantidad mínima de conductores requerida.
Otras irregularidades detectadas fueron llamativos pagos a inspectores de la Caminera sin que asistan a sus puestos de trabajo, pagos de bonificaciones y gratificaciones sin justificación durante los años 2017, 2018 y 2019, y pagos de forma extemporánea en concepto de sueldos y aportes jubilatorios.
MILLONES DEL MAG PARA PROYECTO QUE NO SE EJECUTABA
El Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsó el proyecto de “implementación del sistema de censo y encuestas agropecuarias”, por valor de US$ 15 millones. En ese sentido, según subraya la Contraloría en su informe, se hicieron pagos por 5.321 millones de guaraníes en concepto de viáticos y combustibles desde diciembre del 2019, pese a que el censo había sido postergado para los meses de marzo a julio del 2022.
Los encargados del proyecto no cumplieron con las recomendaciones de una auditoría externa para implementar una guía que permita hacer un control del proceso. Además se evidenció la falta de coordinación, planificación y ejecución de los procesos para las actividades en Caaguazú y Alto Paraná, lo cual motivó a aplicar otros procedimientos alternativos, de acuerdo con el documento.
INC: MILLONES PARA TRAER CLINKER DEL EXTRANJERO
La Industria Nacional del Cemento (INC) adjudicó contratos de adquisición de clinker importado por valor de US$ 7,5 millones, y fueron adjudicadas las empresas Swiss Singapore Overseas Enterprises y LT S.A.
Al respecto, el informe de la Contraloría resalta que la cementera estatal no pudo justificar la necesidad de seguir comprando clínker importado, en la cantidad establecida en el proceso de contratación. También se verificó la certificación de ítems en cantidades distintas a las ejecutadas, lo cual derivó en una diferencia de G. 1.403 millones.
Por otro lado, la INC presentó una baja ejecución en sus ingresos y gastos respecto a su presupuesto. La Contraloría señala que uno de los factores que contribuyó a una considerable disminución de sus ingresos fue la baja producción de la materia prima principal para la elaboración del cemento, debido a las continuas paradas del horno encargado de producir el clinker.
LEGALIZACIÓN DE LOS TRAGAMONEDAS
En otro apartado del texto publicado por la Contraloría hace referencia a la legalización de las tragamonedas. Se detalla que la Conajzar autorizó a la firma iCrop la modalidad de explotación de las máquinas electrónicas tragamonedas, sin un proceso licitatorio y en locales accesibles a todo el público, impidiendo que otras empresas tengan la oportunidad de presentar sus ofertas y que la concesión sea hecha al mejor oferente. Además se facilitó el acceso a las máquinas a menores de edad, conllevando al desarrollo de la ludopatía.
TERRIBLE DESIDIA EN SALUD PÚBLICA
La Contraloría detectó una serie de irregularidades cometidas en el desembolso del Fondo Nacional para la Salud, administrado por el Ministerio de Salud Pública. Lo más grave fue que el Ministerio tenía G. 73.000 millones para compras de medicamentos oncológicos, pero solo ejecutó G. 13.000 millones, representando apenas el 18% de ejecución. En contrapartida, según hace referencia, durante el 2019 se produjeron 25.730 muertes en Paraguay, siendo la mortalidad por cáncer la segunda causa más frecuente (19,78%). Ese año ocurrieron 5.089 decesos debido al cáncer, lo que representa una tasa bruta de 71,2 muertes por 100.000 habitantes y una tasa estándar de 85,9 muertes por 100.000 habitantes.
“Se evidenció la inacción de los responsables que manejan el presupuesto de la citada cartera del Estado, teniendo en cuenta que contaba con recursos disponibles provenientes del Fonacide, dejando así desprotegidos a los pacientes aquejados con esta enfermedad, para el acceso al tratamiento oportuno y a una atención digna e integral”, concluye el informe.
Así también Salud Pública presupuestó pero no ejecutó proyectos de construcción por un total de G. 10 mil millones. En tanto que no llegó a presupuestar importantes programas de atención integral de embarazadas y niños, fortalecimiento de laboratorios de hospitales, entre otros planes.
MILLONARIAS TRANSFERENCIAS A ONGS
El informe señala también irregularidades en la administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), a cargo de Gail González Yaluf, en el desembolso de G. 8.796 millones a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) mediante la emisión de cheques y no por transferencias bancarias, sin considerar lo establecido en los convenios y en las normativas vigentes respecto al sistema de pago de aportes.
El documento refiere que las ONG FECOE, GACOM y Asociación Reseda Poty, recibieron aportes del INDERT sin que tengan actualizados sus datos, tales como sus certificados de cuentas bancarias, antecedentes policiales y judiciales, ubicación, etc., siendo estos requisitos necesarios para poder recibir el importe.
Estas son solo algunas de las perlitas detectadas por la Contraloría en las instituciones públicas, donde a simple vista se observa el vito que se hace con el dinero de los contribuyentes.
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