Los cinco desafíos más urgentes de la administración de justicia
Corte Suprema de Justicia Paraguay. Foto: PJ.
La justicia es uno de los poderes más cuestionados en el país y esa mala imagen que genera se basa en cinco puntos principales que por décadas se vienen repitiendo y acrecentando.
La mora judicial: La falta de resoluciones en tiempo y forma es tal vez uno de los males que aqueja a la justicia paraguaya. Los magistrados dilatan los procesos más de lo que las leyes establecen, hay casos que tardan años en ser resueltos y como dice un refrán, la justicia que llega tarde, ya no es justicia.
Resoluciones apeladas en segunda instancia o que van a la Corte Suprema de Justicia tardan en ser devueltos a los juzgados. Paradójicamente uno de los órganos que más hace lenta la justicia es la misma Corte, donde las acciones pueden tardar años en ser resueltas. Casos de estos existen por miles, es así que los procesados por el delito que sea recurren a la máxima instancia y sus expedientes pueden estar parados por mucho tiempo.
Ante las quejas, la Corte suele enviar los casos a ser auditados por la dirección general de Auditorías, que finalmente dependen de la misma Corte y nunca se saben los resultados de estos sumarios, lo que lo hace ser una dirección meramente decorativa.
Acciones de inconstitucionalidad pueden estar por años sin ser resueltas, un recurso extraordinario de casación según la ley la Corte tiene 30 días para emitir un fallo, pero existen casos en los que los ministros se toman meses y hasta años para sacar una resolución.
Las chicanas: son otro cáncer judicial que carcome la credibilidad de la justicia y proviene en mayor medida de los abogados, pero tampoco están exentos los fiscales y hasta los jueces quienes se prestan a que estas prácticas se hayan arraigado tanto en el derecho paraguayo que hasta son vistas como normales, cuando en realidad son malignas.
Recusaciones desmedidas e incidentes meramente dilatorios son vistos como maniobras válidas por la justicia cuando en realidad lo que se está haciendo es un uso abusivo del derecho y se litiga de mala fe. Sin embargo, para el punto 1 y 2 existen sanciones bien claras que no se aplican. Para los chicaneros los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal son claros y delimitan bien el accionar que tienen que tener los auxiliares de justicia para no abusar del derecho.
A esto se suma la Acordada Nº 961/15 que emitió la Corte Suprema y que establece sanciones a los que abusan de los incidentes con el solo objetivo de no dejar que el proceso avance, pero que pocas veces son aplicadas a los litigantes de mala fe. En estas reglamentaciones se habla de apercibimientos, multas y hasta casación de matrícula a abogados, en caso que reiteradas veces incurran en malas prácticas jurídicas, pero los magistrados no aplican la ley justamente porque ya se normalizó trabar los procesos con chicanas y los jueces dicen que son los camaristas los que deben imponer las sanciones, estos a su vez señalan a los ministros de Corte como los que deben aplicar la acordada y así se pasan la pelota.
Injerencia política y sometimiento a ella: si bien se pregona la independencia entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en la práctica la justicia está sometida ampliamente a la política, desde el mismo momento en que son políticos del Ejecutivo y el Legislativo los que deben designar a los miembros de la Corte, todo está más que claro. Son los políticos de turno los que ponen a sus elegidos en la máxima instancia judicial que luego rige a la justicia, desde ese mismo momento se somete a la justicia a los caprichos políticos en todos sus fueros.
Pero eso siempre tiene sus costos, por ejemplo el ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos al asumir su mandato prometió pulverizar la Corte y así lo hizo con presiones políticas echó a tres ministros dos de ellos Bonificio Ríos y Carlos Fernández (ya fallecido), fueron sacados por un juicio político, recurrieron a organismos internacionales y hoy ambos ganaron una millonaria demanda al Estado. Así el escenario judicial está arrodillado a los políticos que van torciendo la vara de Astrea según su conveniencia, sacando y poniendo magistrados a sus antojos.
Las dilaciones: son también un talón de Aquiles de la justicia, los lentos papeleos plazos judiciales que se tienen que cumplir hacen que el descrédito hacía la justicia esté siempre a la vista de la ciudadanía. La implementación del expediente electrónico vino como una solución para agilizar los casos, ser más directo en la aplicación de las leyes, pero eso es solo en los papeles, en la práctica no es tan así por muchos motivos.
Primero la tecnología que se tiene que aplicar no alcanza, si bien en la capital varios fueros ya se mueven por medio del expediente electrónico la gran batalla se tiene que librar en el interior donde la tecnología es todavía escasa.
Aparte se tiene otro gran problema, que es la capacitación de los abogados para utilizar este nuevo sistema. Es bien sabido que muchos profesionales del derecho no tienen una formación en lo digital por lo que les es muy costoso agarrar el ritmo del expediente electrónico. Son estos y otros más los que suman a las dilaciones que se siguen dando dentro de la administración de justicia.
La corrupción: a ella la podríamos definir como la madre de todos los males judiciales. La corrupción corroe en todas las instancias a la administración judicial. No existe fuero en el que no se tengan que pagar por acelerar los trámites o por el contrario hacerlos lentos e ir frenando los procesos hasta llegar a la extinción de las acciones. A diario se denuncian a fiscales, jueces o funcionarios judiciales que piden grandes sumas de dinero para ayudar a una de las partes a ganar los procesos. En otros tiempos los robos de hojas de los expedientes o tomos de los mismos eran comunes en los tribunales, las reconstrucciones de expedientes tardan años y eso hacía que las causas se perdieran en el tiempo. Con la modernización ya no se puede recurrir a estas viejas prácticas, pero eso no quiere decir que la corrupción disminuyó o desapareció, solo se transformó y se hizo menos visible a los controles.
Todas estas prácticas deleznables llevan al descrédito de la ciudadanía hacia el Poder Judicial. También la corrupción tiene otra arista que es la gran cantidad de abogados que existen actualmente y la facilidad en que las universidades otorgan los títulos en la carrera de derecho. Cada año más de tres mil abogados se reciben en el país de las diferentes facultades. Paraguay en la región es el país que más abogados tiene por cada 100 mil habitantes, un promedio de más de 700. Esto hace que la calidad de la aplicación de la justicia se degrade y se corrompa fácilmente.
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