Pacto entreguista en era Abdo: General Ozuna minimiza lapidario informe de Contraloría
El general de División, Aldo Ozuna, exdirector de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, pretende minimizar y quitar la nalga de la jeringa del lapidario informe de la Contraloría General de la República, que confirmó el acuerdo entreguista a la empresa brasileña CBC Mercosur.
El mencionado informe de la Contraloría General de la República confirma lo que ya exponíamos hace tiempo, que el acuerdo firmado con una empresa privada brasileña durante el gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con varias falencias insalvables.
Se trata del convenio suscrito el 5 de abril de 2022 entre el Comando de Fuerzas Militares de nuestro país y la firma Compañía Brasileña de Cartuchos Mercosur (CBC), en el cual se establecía que la firma brasileña tercerice su producción de municiones en las instalaciones de la Dimabel, con maquinarias y personal de la dependencia militar de Paraguay, siendo su única contraprestación, para toda esta infraestructura a su disposición, la capacitación del personal de producción.
En su informe remitido al Senado, el contralor general de la República, Camilo Benítez, informó que el convenio fue firmado sin autorización previa y expresa de las autoridades competentes, además de adjudicar de forma unilateral el usufructo de la fábrica y producción. Además, con el convenio se dio acceso ilimitado a toda la información confidencial de la Dimabel, referente a la seguridad nacional. El informe indica que el acuerdo es ilegal, por lo que debe dejarse sin efecto de forma inmediata.
De acuerdo con los antecedentes, el 10 de setiembre del 2020, el representante legal de la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) remitió una nota al ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, en la que manifiesta el interés de la firma extranjera de instalar en nuestro país una unidad productiva para la fabricación de proyectiles, bajo el régimen de la maquila, para su posterior reexportación al mercado brasileño.
La Dimabel solo debió dar la autorización, como institución reguladora para la instalación de la fábrica; sin embargo, se aprovecharon de la intención de la empresa privada y le apretaron para que firme un acuerdo previo de entendimiento a fin de beneficiar a la institución militar fuera de la ley con exigencias que rayan la entrega de la soberanía. La Dimabel pidió a la empresa que le reactive su fábrica, que subcontrate a los militares retirados y que encima se le compre la totalidad de la producción de municiones.
De la mano del general Aldo Ozuna y apresuradamente la Dimabel se comprometió con CBC Mercosur a llevar adelante el gran negocio de las municiones dejando de lado todos los procedimientos legales dejando en abierta desventaja a la institución militar y al Estado paraguayo.
AHORA INTENTA DESLIGARSE
Luego de un año de llamarse a silencio, el general Ozuna habló con el canal GEN la semana anterior, expuso su versión de los hechos y respondió al informe de la Contraloría. En ese sentido alegó que es un acuerdo previo de entendimiento, no uno tácito, con una empresa construida en Paraguay y que esta posibilidad de alianza ya se venía analizando desde antes que él asumiera el cargo en la Dimabel, por lo que su única actuación fue la de firmar el acuerdo, según su defensa.
El militar esgrimió que cuando llegó al cargo las asesorías jurídicas aconsejaban firmar el acuerdo. Y se desligó de lo que pueda ocurrir de ahora en más referente a la recomendación de la Contraloría, de dejar sin efecto lo acordado, al alegar que ya no depende de él, sino de las actuales autoridades que están en la Dimabel, porque ya está ocupando otro cargo en las Fuerzas Militares.
En su intento de defensa aseguró que siempre se lo ataca cuando habrá nombramientos y recordó que fue sobreseído en la denuncia presentada por el exsenador Martín Arévalo en su contra, como también lo fue otro militar allegado a él, Gustavo Dávalos Insfrán, un coronel que fue investigado en el marco de A Ultranza Py por supuestos vínculos con narcotraficantes.
Así también defendió a su mano derecha, el coronel Luis María Belotto, quien es un militar de alto rango que fue imputado por el Ministerio Público bajo la sospecha de intentar facilitar un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por la supuesta comisión de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en asociación criminal. Sobre el mismo dijo que es un excelente uniformado y que no cree que esté involucrado con Tío Rico.
En todo momento, el general Ozuna aseguró que, pese a lo que dice la Contraloría, el acuerdo con CBC no afecta los recursos del Estado paraguayo, y defendió que las FFMM son “última reserva moral de la patria”, por lo que no mancillará su nombre con algún pacto entreguista.
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