Puntos clave de la normativa que propone salvar las cajas jubilaciones

El proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Pensiones, que cuenta con un alto grado de consenso, establece medidas importantes para evitar el quiebre de las cajas jubilatorias del Paraguay. La propuesta garantiza la autonomía de las diferentes cajas y determina cómo se invertirá el dinero de los aportantes.

Se encuentra en pleno debate el proyecto de ley “Por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución de la República”, más conocido como el proyecto de ley de Superintendencia de Pensiones.

Conforme a la versión remitida recientemente por el Ejecutivo al Congreso Nacional, en consenso con asociaciones de trabajadores, de jubilados y gremios empresariales, el objetivo principal de la Superintendencia es velar por el cumplimiento de lo establecido en las propias cartas orgánicas de las cajas, definiendo criterios de riesgos dentro de la política de gestión administrativa, con el propósito de salvaguardar la sostenibilidad de los fondos jubilatorios.

Según la propuesta, la normativa regulará y supervisará la manera en que se administran los recursos financieros y no financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones de naturaleza pública y privada del país. La Superintendencia creada para el efecto buscará que los recursos de los fondos de jubilaciones y pensiones se administren bajo los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.

Esta normativa abarca al Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja de la ANDE, la Caja Municipal, la Caja Ferroviaria, la Caja de Itaipú, la Caja Bancaria, la Caja Parlamentaria, la Caja Fiscal y las diferentes cajas mutuales privadas.

La dirección y administración de cada una de ellas se regirá por las disposiciones establecidas en sus respectivas cartas orgánicas, estatutos sociales y normativas, por lo que la nueva ley no las modificará en absoluto.

Un aspecto muy importante que prevé la propuesta es la conformación del Consejo de Seguridad Social, del que dependerá la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y no del Banco Central, como estaba establecido en proyectos anteriores. Esta instancia de gobernanza estará conformada por el presidente del BCP, las autoridades de Economía y Trabajo, un representante de los trabajadores, otro de los jubilados, y uno de los empresarios. Todos ellos tendrán derecho a voz y voto. Los representantes durarán en el cargo 5 años. Deberán tener reconocida honorabilidad y título universitario o probada experiencia en la materia.

Algunas de las atribuciones de la Superintendencia serán: dictar los criterios, límites, condiciones, lineamientos, procedimientos, metodologías y los instrumentos técnicos e informativos para realizar las operaciones administrativas, financieras, actuariales y patrimoniales; garantizar que se brinden respuestas prontas a los afiliados que realicen reclamos, y que las inversiones de los fondos cuenten con la aprobación del Consejo de Seguridad Social, entre otros.

La superintendencia podrá monitorear, inspeccionar y supervisar las operaciones administrativas, financieras, actuariales y patrimoniales, en forma in situ o extra situ, a través de sus funcionarios, inspectores e interventores.

Además podrá orientar, monitorear, supervisar y evaluar los regímenes de gestión integral de riesgos, y la administración de pasivos e inversiones; la sostenibilidad financiera y actuarial, los procedimientos de disolución o liquidación, exigir la realización de auditorías internas y externas, y revisar el resultado de las mismas, instruir y sustanciar sumarios administrativos, y aplicar las sanciones, a los infractores de las leyes, reglamentos y requerimientos; supervisar los gastos administrativos y requerir los ajustes respectivos, etc.

Respecto a las sanciones a las entidades infractoras, podrá realizar apercibimientos y multas de hasta 1.000 salarios mínimos que no podrán ser cubiertas con recursos del fondo de jubilaciones y pensiones. A las personas físicas podrá llamarlas la atención, aplicar multas de hasta 500 salarios mínimos, cancelarles la autorización del BCP, removerlas del cargo e inhabilitarlas para ejercer cargos públicos por un periodo de 3 a 10 años.

Asimismo, esta instancia podrá requerir órdenes judiciales de allanamiento, de auxilio de la fuerza pública y de secuestro de documentos para poder cumplir sus funciones.

En el artículo 11 de la propuesta se establece el régimen de inversiones y allí se detalla la diversidad que existen, tales como los instrumentos emitidos por los bancos, que actualmente son la prioridad de las cajas, y se agregan los bonos o títulos públicos, las acciones de sociedades anónimas de capital abiertos, fondos mutuos, créditos hipotecarios a afiliados de las cajas, inversiones inmobiliarias, y activos nacionales o extranjeros autorizados por la Superintendencia.

Con base en los principios prudenciales de seguridad, liquidez y rentabilidad, la Superintendencia establecerá los límites por tipo de activos y por tipo de emisor, como porcentaje del fondo a aplicarse a la inversión. Los límites de inversión podrán hacer distinciones en cuanto a fondos de entidades públicas y privadas, atendiendo la naturaleza y características de los planes de beneficios que ellos contemplen. Los fondos de las entidades de jubilaciones y pensiones no estarán sujetos a montos o porcentajes mínimos de inversión en ningún activo o emisor.

Respecto al control, se dispone en la propuesta que las entidades someterán anualmente sus balances y estados financieros a auditores internos, y por lo menos cada tres años a auditores externos independientes. Adicionalmente, se harán estudios actuariales cada 3 años o en la periodicidad que determine la Superintendencia.

Es importante destacar que cada caja seguirá conservando sus atribuciones para llevar adelante sus políticas de inversiones, y además se descarta por completo que se introduzca alguna modificación en el límite de la edad o el monto para las jubilaciones ni ningún otro derecho establecido en las respectivas cartas orgánicas.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, la iniciativa cuenta con un alto grado de consenso desde los distintos sectores involucrados, pero haciendo la salvedad de que pueden existir posturas contrarias, ya que siempre habrá alguien que no esté de acuerdo en un 100%, lo cual resulta válido y se tendrá en cuenta la sugerencia que se proponga al proyecto.