¿Qué quieren esconder en el Indert las autoridades salientes?

Antes de su salida, el Gobierno de Mario Abdo Benítez evitó dar a conocer información sobre los resultados de un emblemático programa del Indert que busca regularizar las tierras de manera masiva. Las autoridades salientes hicieron caso omiso a un pedido de informe realizado por los propios funcionarios de la institución en el marco de la ley de acceso de la información pública.

Desde el año 2014, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) lleva adelante el proyecto del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), con el objetivo es georeferenciar y transparentar la situación de las 1.060 colonias que cuenta la institución, como un hito dentro del organismo de aplicación de la Reforma Agraria en nuestro país.

Este plan pretende impulsar el finiquito de títulos de propiedad de manera masiva en nuestro país, permitiendo regularizar la tenencia y titulación de lotes de los sujetos de la Reforma Agraria. Sin embargo, en la práctica se desconoce cuáles fueron los números oficiales de toda la gestión realizada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

La última información compartida desde el Indert sobre el proyecto SIRT data de diciembre del 2022, cuando se daba a conocer que la administración de la entonces presidenta de la institución, Gail González Yaluff, había gestionado la titulación de unas 69 colonias a finales de ese año.

De modo a conocer los datos globales de toda la administración saliente, el Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria (Sintra) había solicitado el 4 de julio del 2023 a la entonces presidenta González Yaluff información referente al proyecto SIRT.

En una nota remitida por el Secretario General del Sindicato, Lino Ávila, el solicitante recordó que el mencionado proyecto fue creado en el 2014 y estaba siendo administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual es el responsable directo del esquema titulativo que se viene implementando desde su creación.

En el requerimiento, el sindicalista solicitó saber la cantidad de colonias del Indert que fueron empadronados en el Servicio Nacional de Catastro, desde el 2014 hasta la fecha. También los antecedentes de todas las colonias empadronadas, con su año de adquisición, nombre, superficie, identidad del anterior dueño, y la cantidad de lotes.

Además las copias de todos los planos correspondientes a las colonias que fueron empadronadas en el Servicio Nacional de Catastro e inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos, a través del proyecto desde su creación hasta la fecha. Como así también los recursos que el Indert derivó cada año al SIRT.

Este pedido se realizó por medio de la Ley N° 5282 que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Esta normativa establece que toda solicitud deberá ser respondida dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación.

En el caso del pedido hecho al Indert, se cumplieron los 15 días hábiles estipulados y las entonces autoridades no respondieron al requerimiento en cuestión. Ante esto, desde el sindicato anunciaron que recurrirán a un juez de primera instancia para que intime a la institución pública que denegó el acceso a la información pública.

Resulta llamativo que la administración saliente haya evitado dar a conocer la cantidad de recursos destinados al proyecto para regularizar las tierras, el resultado que se obtuvo con las colonias relevadas y los títulos conseguidos.

Como es sabido, el Indert se convirtió en un antro de malversación de recursos públicos de parte de las autoridades de turno, por lo que se sospecha que con este proyecto se podría estar desangrando las arcas del Estado, al ser inciertos los resultados del mismo ante la carencia de informaciones oficiales por el ocultamiento que hicieron los gobernantes salientes.

PIDEN TRANSPARENCIA EN INDERT

Desde el sindicato de funcionarios ya solicitaron al nuevo presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz López, que comience a transparentar la institución y sanear al personal, desprendiéndose del equipo de su antecesora, en especial de la asesora jurídica Rosana Galván, quien fue declarada persona no grata durante una asamblea extraordinaria realizada el 7 de agosto pasado. Según los sindicalistas, la mano derecha de la extitular González Yaluff es responsable de supuestos tratos irrespetuosos, prepotencia, abuso de poder, discriminación e injerencia para la designación de cargos.

El sindicato del Indert espera que la nueva autoridad reencause el timón con gente idónea y corte con la improvisación, de modo a conseguir una buena planificación y gestión de la administración pública, pero por sobre todo que se diferencie del equipo anterior al pregonar la transparencia en la institución.