Sideral rapiña en la era Abdo: los saqueadores del IPS

Durante la administración de Mario Abdo Benítez, el Instituto de Previsión Social (IPS) se vio sumido en la miseria y la corrupción, con figuras sumamente cuestionadas que ahora están en la mira por la aparente monumental rapiña que se concretó en los últimos años. Este criminal desfalco debe ser investigado por la justicia.

Un minucioso informe de la Contraloría, dado a conocer la semana anterior, expone serios indicios de corrupción en la previsional durante el 2022 y 2023. En ese periodo la principal cabeza de la institución fue Vicente Bataglia, quien asumió en marzo del 2021 como el titular del IPS, en reemplazo de Andrés Manuel Gubetich, y estuvo hasta darse el cambio de gobierno en agosto pasado. Desde el 2019 Bataglia integraba el Consejo Directivo de la previsional, al ser elegido como el representante del Ministerio de Salud, por lo que estuvo muy de cerca de las decisiones que se venían dando en la institución durante la era Abdo.

El trabajo hecho por el organismo a cargo del contralor Camilo Benítez y el subcontralor, Augusto Paiva, dentro del Instituto de Previsión Social abarcó una inspección financiera, una auditoría de obras, una evaluación sobre la utilización de los combustibles y un escrutinio referente al pago de los proveedores.

Entre los hallazgos más graves figura que la institución a cargo en ese entonces de Vicente Bataglia no contaba con los documentos de respaldo y de la composición de los saldos pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios por un monto de ₲ 1 billón. Esta irregularidad fue el descubrimiento más emblemático de la Contraloría e incluso ya derivó en una denuncia penal presentada por los legisladores de Encuentro Nacional, la senadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez, ante la Fiscalía por lesión de confianza, estafa y asociación criminal.

Además de Vicente Bataglia, la denuncia incluye a los consejeros Ricardo Vicente Oviedo, representante del Ministerio de Salud; Miguel Ángel Doldan, representante de los empleadores; Gustavo Ramón Arias, representante obrero; Roberto Brítez, representante de los jubilados, y la exconsejera Ludia Claudelina Silvera López, quien era la representante del Ministerio de Trabajo.

Estas personas deben responder a una larga lista de irregularidades detectadas por la Contraloría en su auditoría, que incluye, por ejemplo, dónde están los 9.355 bienes de la institución por valor de ₲ 42.915.782.530, ya que el ente contralor no pudo determinar la ubicación real de los mismos y si se encuentran en las dependencias del IPS.

Otro dato que deben responder es por qué un total de 25 obras que contaban con actas de recepción definitivas, por valor de ₲ 1.122.881.351.987 siguieron registradas, hasta diciembre de 2022, como obras civiles en ejecución, sin incorporarse a las respectivas cuentas contables.

También por qué los bienes del Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo a Adultos Mayores (CREAM), de San Bernardino, por un valor superior a los G.24 mil millones, no están siendo utilizados para los fines propuestos. Los mismos están sin uso, y depreciándose conforme el paso del tiempo.

Asimismo, el extitular de la institución y sus consejeros deben explicar el “carnaval” que se realizó en la previsional con el combustible. La Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Ejecución Presupuestaria de Combustibles y Lubricantes, al ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, arrojó datos que escandalizan de sobremanera.

Según la Contraloría, no se constató la existencia de documentos de rendición de cuentas de consumo de combustibles en generadores por total ₲ 705.888.769, equivalente a 74.087,16 litros, por lo que se desconoce su efectiva utilización y si fue para los fines propios de la institución.

Se detectaron vehículos del IPS cuyos consumos de combustibles superaron el promedio por cada 100 km, cuya situación generó sobrecostos por km no recorridos por total ₲ 947.543.368

No se evidenciaron 221 documentos de entrega de tarjetas magnéticas para consumo de combustible, activas durante el 2022 y 2023, por total ₲ 765.300.000. Por ejemplo, se constató que, en un solo día, un funcionario realizó cargas, en más de un vehículo del IPS, en diferentes localidades del país y con tarjetas magnéticas asignadas a diferentes dependencias, por un total de ₲ 1.059.412.815.

A la anterior grosera irregularidad se constató también una diferencia por total ₲ 360.390.286 entre el consumo total asignado por resolución y las cargas de combustibles realizadas entre noviembre del 2022 y enero del 2023. Es decir, se cargó un monto mayor a lo que el directorio de la previsional había aprobado.

OBRAS DE IPS

La Fiscalización Especial Inmediata a las Obras Públicas ejecutadas por el Instituto de Previsión Social también expone el manejo poco serio de la institución. Tal es así que en la “Construcción y Provisión de Equipos para el Hospital Ingavi del IPS”, se detectaron diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, además de incumplimientos de las especificaciones técnicas y normas lo cual pone en riesgo la seguridad de las personas. La diferencia económica totaliza un monto de ₲ 1.923.362.810.

Por otro lado, en la “Terminación del Hospital Ingavi” se hallaron diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas. La diferencia económica totaliza un monto de ₲ 1.432.421.473.

Asimismo, el control interno de la institución relativo a las obras fue deficiente, en cuanto a la documentación técnica, como ser planos, planillas de cómputo métrico y especificaciones técnicas; control de cantidades de obra certificadas, así como el cumplimiento de la documentación técnica.

Tampoco el servicio de limpieza de la previsional se escapó del control realizado por la Contraloría.

De acuerdo con el documento,el ente previsional restringió la posibilidad de que un mayor número de empresas se presenten al llamado a licitación, al implementar requisitos que limitó la participación de más oferentes, y además algunas empresas adjudicadas no cumplieron todos los requisitos del pliego de bases y condiciones.

Esta penosa situación en la previsional se suma al rosario de irregularidades cometidas en la administración saliente, que ahora deberá rendir cuentas ante la justicia de sus actuaciones durante su paso por la función pública.