Un ordenamiento jurídico permitirá atraer las grandes inversiones
Registros Públicos.
El Gobierno entrante tiene la misión de abordar la situación de los Registros Públicos y Catastro, ante la imperiosa necesidad de ofrecer seguridad jurídica mediante el cambio del ordenamiento legal en Paraguay.
El Servicio Nacional de Carastro, que forma parte del Poder Ejecutivo, y la Dirección de Registros Públicos, dependiente del Poder Judicial, son dos grandes instituciones que constantemente reciben cuestionamientos por la falta de optimización en los actos sobre los bienes registrales, lo cual imposibilita lograr una mayor fluidez a los negocios y las inversiones en el país.
Así también hace falta contar con un control de los títulos de propiedad que generan mucho conflicto desde hace décadas, en atención a que la mayor parte de los inconvenientes de la tierra es debido a la superposición de títulos.
En el pasado, en el Poder Legislativo se impulsó una propuesta para uniformar ambas instituciones del Estado, de modo a resolver los problemas que se registran en la agilidad de los procesos actuales. Sin embargo, la iniciativa parlamentaria no prosperó.
Con la llegada del nuevo Gobierno de Santiago Peña nuevamente surge el debate en torno a la necesaria reforma en los registros públicos y catastrales. El propio presidente electo se expidió sobre el tema una vez que resultó vencedor de las elecciones presidenciales.
También otros referentes del equipo de Santiago Peña, tal como el futuro ministro del Interior, Enrique Riera, coincidieron en la necesidad de resolver el problema de Registros Públicos que afecta a la seguridad jurídica en el país, para conseguir finalmente el ordenamiento jurídico.
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