US$ 3 millones de los fondos Covid para pagar al concuñado de Marito

El Gobierno Nacional, a través de la Copaco y Vox, otorgó casi 3 millones de dólares de los fondos Covid a una empresa de Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La entrega se dio con el aval de la Comisión Especial de Supervisión y Control de las compras Covid, manejada por Arnaldo Giuzzio y creada por el Poder Ejecutivo para justamente evitar las tragadas y negociados en pandemia.

A través de Vox (Hola Paraguay SA), la Conatel firmó un contrato con la empresa Bizcom S.A., del músico colombiano Kike Santander, para el suministro de soluciones tecnológicas de la marca Simplifi, tales como servicios en la nube, call center, plataforma, entre otros. La firma del acuerdo se realizó el 26 de marzo del 2020, a inicios de la cuarentena sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Este contrato se ejecutó en el marco de un acuerdo previo de la Copaco con el Ministerio de Salud para la provisión del servicio de contact center, a fin de rastrear a personas o contactos que hayan estado expuestos al Covid-19. Fue así que para hacer efectiva esa prestación, Copaco subcontrató los servicios de Bizcom mediante su telefónica subsidiaria Vox.

El presidente de Copaco, Sante Vallese, y el representante de Bizcom SA firmaron el contrato directo sin realizar una licitación, pero lo que más llama la atención es que dicha empresa elegida por el Estado paraguayo está vinculada a la familia presidencial, ya que Kike Santander es el concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, puesto que está casado con Adriana López Moreira, hermana de su esposa Silvana.

De esta manera, bajo cláusula de extrema confidencialidad, el “concuñado de oro” se benefició con un importante “Pytyvo” en pandemia, tal como lo calificó el diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez, quien anunció que pedirá informes a Copaco sobre el contrato y advirtió que si Sante Vallese se niega a transparentar lo ocurrido, se expondrá a acciones judiciales.

A travez de documentos filtrados al equipo de La Caja Negra, se sabe ahora que la estatal Copaco acordó con Salud brindar soporte técnico de hardware y software de sus equipos para el servicio del call center, el cual incluyó 100 posiciones con un costo de G. 7.315.200 cada uno, dando un total de G. 731.500.200 por mes, el contrato sigue operativo hasta la fecha. Al multiplicar el monto por los 28 meses, teniendo en cuenta que el contrato con BIZCOM S.A. se firmó en marzo del 2020, da como resultado una cifra total de G. 20.482.005.600, que al cambio actual es alcanza los US$ 3 millones.

El Gobierno consiguió este dinero de los fondos de la ley de emergencia, que dispuso de una línea de crédito de 1.600 millones de dólares con el fin de garantizar recursos al sistema de salud ante la situación del Covid-19 y facilitar la recuperación de la economía. Desde su ejecución, aparecieron varias denuncias de compras irregulares de insumos médicos y de bioseguridad. Tal fue el nulo control para el buen uso de esta plata que la propia Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 dio su aval al no presentar objeción alguna al acuerdo entre Salud y Copaco, y el de Vox y Bizcom.

En notas dirigidas en octubre del 2020 al entonces ministro Arnaldo Giuzzio, quien aparecía como coordinador general de la comisión especial contralora, se informaba sobre la prestación del servicio de Contac Center de Copaco-Vox al Ministerio de Salud y se ponía a consideración el financiamiento con los fondos Covid, pero obviando que para eso iba a subcontratarse primero a la empresa del concuñado presidencial.

Los documentos llevan la firma del ministro anticorrupción René Fernández, de la Sepread, Carlos Arregui, y del coordinador Arnaldo Giuzzio. Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo no pidieron mayores explicaciones sobre el acuerdo en cuestión, pese a que tenían como misión coadyuvar a la gestión eficiente de los recursos públicos destinados a mitigar los efectos de la pandemia.

Con la filtración de la entrega al concuñado presidencial, poco a poco se va sabiendo a dónde fueron a parar los 1.600 millones de dólares que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo y para lo cual el país entero tuvo que endeudarse.