Alimento escolar: Contraloría detecta inconsistencias en llamados de municipalidades

La Contraloría General de la República detectó varias inconsistencias en los llamados realizados por las municipalidades para la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a las instituciones educativas.

En los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022, un total de 56 municipalidades no comunicaron sus Llamados de Alimentación Escolar, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de acuerdo a la obligatoriedad de los mismos y a los Plazos Legales establecidos, lo cual equivale un importe total de adjudicaciones por ₲. 19.250.119.778.

En Ñeembucú 12 municipios cometieron esta falta en llamados por valor de ₲. 3.734.333.750. En Guairá, 9 municipalidades por ₲. 1.535.904.000. En San Pedro, 6 instituciones municipales por ₲. 1.389.304.800. En Alto Paraná, 2 municipios por ₲ 1.116.961.400. En Concepción, tres municipalidades por valor de ₲. 1.006.400.000. En Caazapá, 4 municipios por ₲. 1.002.585.600. En Amambay, 1 municipio por ₲. 435.812.000. En Paraguarí, dos instituciones por ₲. 419.895.000. En Canindeyú, 1 intendencia no comunicó por adjudicaciones de ₲. 135.000.000. En Caaguazú, un municipio por ₲. 114.998.928. Y en Misiones uno no informó a la DNCP su llamado por valor de ₲. 61.000.000.

Así también, en los años 2021 y 2022, un total de 24 municipalidades presentaron un ID (nombre de la licitación) inexistente, según la web de la DNCP y el Portal Datos Abiertos de la Contraloría, lo cual equivale a un importe total de adjudicaciones por ₲. 10.856.428.526.

En ese mismo periodo, otros 6 municipios presentaron un ID que no le corresponden a sus procesos licitatorios realizados, según el Portal de la DNCP, equivalente en importe total de adjudicaciones por ₲. 2.461.001.890.

En su informe, la Contraloría resalta que las municipalidades expuestas no comunicaron sus Procesos de Contratación de Alimentación Escolar, declararon ID inexistentes e ID que no les corresponden a los mismos.

Ante esta falencia por parte de las municipalidades, la institución contralora subraya que la falta de difusión afecta los principios generales de las contrataciones públicas, que son de igualdad, concurrencia, libre competencia, transparencia, economía, eficiencia y publicidad.

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