BCP en era Abdo: manoseo, copamiento, complicidad con lavadores y operativos de blanqueo
Mario Abdo Benítez y José Cantero.
El artículo 285 de la Constitución Nacional establece el carácter técnico y autónomo del Banco Central del Paraguay. El “blindaje” de esta institución a los vaivenes de la política ha sido, hasta ahora, una conquista de los últimos gobiernos a excepción del gobierno de Mario Abdo Benítez.
En el último quinquenio primó el criterio político en el manejo del BCP. El copamiento del directorio por parte de funcionarios leales al presidente, la actuación al margen de la ley por parte de la Superintendencia de Bancos y la operación “blanqueo” protagonizada por el presidente de la banca matriz en complicidad con miembros del directorio confirman que la institución dejó de ser un organismo técnico e independiente para ser sometido a los antojos del poder de turno.
Ignorando todas las críticas y advertencias acerca del conflicto de intereses, el presidente Mario Abdo Benitez propuso la designación de dos ex funcionarios de Hacienda y del Ejecutivo como miembros del directorio del Banco Central. Se trata de los economistas Humberto Colman y Carmen Marin, ambos considerados leales al presidente Abdo.
La designación de estos funcionarios desató críticas desde sectores políticos e incluso de los propios funcionarios de la banca matriz quienes advertían del copamiento del Directorio del BCP por parte de funcionarios leales al presidente de la república. El directorio del BCP debió mantener una representación plural e idónea para garantizar su desempeño como un organismo técnico responsable de la condición de la política monetaria.
Otro de los episodios bochornosos observados durante este gobierno y que afectó severamente la imagen del Banco Central fue el papel que jugó la Superintendencia de Bancos a cargo de Hernan Colmán. Este funcionario se negó a proveer información relevante al Ministerio Publico en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que afectaba la banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.
Tras la injustificada negativa de Colman, el juez penal de garantías Humberto Otazú autorizó allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos advirtiendo que la negativa ponía en riesgo el proceso de evaluación de Paraguay en Gafilat y que el funcionario responsable, Hernan Colmán, se exponía a un proceso penal por el hecho punible de obstrucción de la investigación penal.
Finalmente, y como corolario del proceso de destrucción institucional al que fue sometido el Banco Central, el presidente de la entidad José Cantero en complicidad con los miembros del directorio y del Superintendente de Bancos sancionaron a un entidad financiera por faltas cometidas. Llamativamente, en la resolución no se incluyó el periodo en el cual el propio Cantero se desempeñó como gerente general de la entidad hoy sancionada.
Según informes de la Superintendencia de Bancos, desde 2016 se detectaron hechos irregulares en la entidad financiera sancionada, época en la que Cantero se desempeñaba como gerente general.
El 8 de junio del 2023, Cantero decidió imponer una multa a la entidad de la que formó parte, pero se excluyó de la sanción, consumando así un acto administrativo arbitrario y con fuerte tinte político ya que se sanciona a personas de intachable trayectoria, pero llamativamente se excluye al exgerente de la entidad sancionada, que hoy funge de juez y parte.
La política de manoseo, copamiento y actuaciones arbitrarias por fuera de ley en el Banco Central durante la presidencia de Mario Abdo representan un serio riesgo a la institucionalidad que llevó años construir y sostener. Un “legado” más del presiente Abdo que puede costarnos muy caro.
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