Caudillo liberal vinculado a Efraín lidera “apriete” para acceder a viviendas

Pulciano Sánchez y Osvaldo Cortessi, quienes se autodefinen como “dirigentes sociales” y están ligados al reclamo de viviendas sociales, cuentan con sendos antecedentes penales. Ambos están enmarcados actualmente en una persecución contra el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a raíz de los controles que se están implementando en la institución, lo cual les haría perder el jugoso negocio que tenían durante el Gobierno anterior.

Los mismos integran la denominada “Coordinadora Multisectorial”, la cual realiza movilizaciones frente al MUVH como una forma de presionar a las nuevas autoridades y así conseguir seguir con sus jugosos negocios.

La cuestión de fondo que motiva a estos supuestos dirigentes sociales a convocar protestas es el negocio detrás de la construcción de viviendas sociales a través del Programa Fonavis del MUVH. Cabe recordar que dicho programa permite las transferencias directas a organizaciones que prestan servicios de asistencia técnica y tienen a su cargo la selección de las constructoras que realizarán las obras.

Estos dirigentes estarían buscando la forma de seguir con su lucrativa actividad, incluso a través de prácticas fraudulentas. En ese sentido, días atrás, el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Pulciano Sánchez por el hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Según se pudo detectar tras un cruzamiento de datos, Sánchez -quien presentó su solicitud de ingreso en el Registro de Constructoras ante el MUVH- había adjuntado un Certificado de Antecedentes Policiales adulterado, ya que no aparecían sus antecedentes penales.

Este supuesto dirigente social posee antecedentes por invasión de inmueble ajeno tras estar ligado a ocupaciones ilegales. Asimismo, también fue acusado por la sobrefacturación en la compra de tierras y violación del reglamento del programa de regularización de asentamientos.

Los datos refieren que fue denunciado en el año 2017 por los autodenominados “sintechos” por lucrar a costa de los necesitados y utilizarlos para fines político partidarios, al obligarlos a participar en manifestaciones de tinte proselitista.

Además, en el 2020, en plena pandemia, lideró una movilización para evitar implementar mayores controles al desembolso en el Fonavis, pese a la falta de transparencia en las adjudicaciones. En su momento, Sánchez había argumentado que no apoyaba la iniciativa porque supuestamente iba a terminar excluyendo a las pequeñas constructoras y a los trabajadores de las zonas a ser beneficiadas con las viviendas sociales.

A todo lo anterior se suma que este hombre fue un activo participante de las jornadas políticas durante las internas del Partido Colorado, apoyando al movimiento del expresidente Mario Abdo Benítez, junto a otros integrantes de la “coordinadora”, como se observan en diversas imágenes publicadas en redes sociales, pero, a la vez, es muy cercano al entorno del excandidato presidencial liberal Efraín Alegre, al punto de haber formado parte de los candidatos a diputados del movimiento Paraguay Alegre para las elecciones de 2013.

OTRA CUESTIONADA FIGURA

Por su parte, Osvaldo Cortessi es un conocido dirigente “sintierra” que también llegó a ser imputado en el año 2021 por invasión de inmueble, tras irregularidades en la compra de propiedades en la compañía Valle Karé de Itauguá.

Así también, posee antecedentes penales por perturbación a la paz pública en el 2019 y robo en el 2020, llegando a recibir como medida restrictiva la prohibición de salida del país. Su hermano, Édgar Isabelino Cortessi, también llegó a ser acusado de robo por la nuera del exintendente de J. Augusto Saldívar, Daniel Báez.

Tanto Sánchez como Cortessi buscan presionar al nuevo Gobierno para no perder su lucrativo negocio que fue consolidándose en el Gobierno de Mario Abdo Benítez.