Correos filtrados revelan plan desde Seprelad para montar causas contra HC
René Fernández, ministro de la Seprelad.
Correos y documentos exclusivos, a los cuales tuvo acceso La Caja Negra, revelan una aparente intención desde la Seprelad de instrumentar una política pública con el fin de atacar a los adversarios. La evidencia hace sospechar que existe un fuerte tufo a maniobra para recabar elementos y montar un plan de persecución contra el expresidente Horacio Cartes.
Bajo la coordinación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Paraguay se encuentra actualmente en plena tarea de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR). Esta es una medida implementada por recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y busca identificar las amenazas y vulnerabilidades en cuanto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, el apuro y presión que hay en torno a este trabajo denotaría que en realidad existe otro fin oculto.
La Caja Negra accedió a un correo de fecha 20 de febrero de este año, que fue enviado por la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales de la Seprelad a funcionarios y autoridades de instituciones como el Banco Central del Paraguay, Senad, Ministerio Público, Migraciones, Secretaría de Inteligencia, Dinapi, Contraloría, Aduanas, Hacienda, entre otros. Allí se detalla que la evaluación está compuesta de dos fases. La primera consiste en la recolección de información hasta el 31 de diciembre del 2022. La segunda corresponde al análisis de los datos que servirán para redactar la conclusión, cuyo primer borrador debe estar listo el 15 de abril de 2023.
En este documento se puede apreciar la presión que realiza la Seprelad para que las instituciones remitan sus informes mediante su plataforma creada para el intercambio de información. Entre los entes públicos que habían sido requeridos estaba la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), a la cual la Seprelad pedía datos sobre procedimientos de control aéreo relacionado al financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, del periodo comprendido entre 2019 y 2022.
Más datos exclusivos exponen que el 31 de marzo de 2023 el ministro de la Seprelad, René Fernández, remitió una nota a Félix Kanazawa, titular de la Dinac, para reclamar que se incumplió con el plazo establecido (el 28 de febrero) para que su institución brinde una respuesta al pedido hecho. De modo a ejercer presión, Fernández advirtió en su misiva a Kanazawa que la falta de información iba a figurar como vulnerabilidad en el documento final y que esa calificación acarrearía consecuencias. Por ello, emplazó a que la información sea proporcionada a más tardar el 4 de abril del 2023, fecha en que finalmente se cumplió con el envío de las respuestas, según memorándum interno de la Dinac.
En total fueron cuatro los puntos que la Seprelad requirió a la Dinac, entre las cuales figuró el protocolo que se utiliza cuando se identifican a personas, sean nacionales o extranjeras, que integren vuelos procedentes de o con destino al territorio nacional y que estén identificadas en las listas de las personas designadas por las Naciones Unidas, la OFAC, Interpol, Unión Europea, entre otros.
La Dinac respondió a la consulta que no cuenta con registros que coincidan con la lista de los organismos mencionados, y aclaró que la institución siempre provee informaciones cuando estas son requeridas por los organismos de seguridad del Estado.
Aquí resulta llamativo que la Seprelad incluya la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para pedir informes a la Dinac, cuando esta nómina sólo tiene alcance en territorio norteamericano y no existe forma legal de trasladar el listado al Paraguay para que tenga consecuencias migratorias. En el plano jurídico, no existe convenio en la Dinac para acceder y utilizar dicha base de datos con el fin de detener o retener a una persona o una aeronave (a menos que haya una resolución judicial o administrativa). Entonces, ¿qué pretende la Seprelad al recabar información sobre procedimientos migratorios y aeroportuarios con relación a personas listadas en la OFAC? ¿Cuál es el verdadero interés de René Fernández con este pedido?
Es más, en otro punto de su requerimiento, la Seprelad solicitó a la institución indicar si entre los años 2019 y 2022 fueron identificadas personas designadas en algunas de las listas de sanciones financieras relacionadas al terrorismo y su financiamiento. Pidió asimismo que se proporcione la totalidad de casos identificados, clasificando la cantidad de personas cada año, especificando la nacionalidad y si tuvieron entradas o salidas del país.
Ante este pedido, la Dinac respondió que a la fecha no se contaban con datos estadísticos sobre esa consulta, y además recordó a la Seprelad que en los aeropuertos internacionales se encuentran apostados organismos gubernamentales que se encargan del control fronterizo.
Con esta fijación de la Seprelad en las listas de sancionados, surge la duda si la institución pretende aplicar una norma de EE.UU para que tenga consecuencias migratorias en Paraguay o cuál sería el propósito de estos pedidos.
Según fuentes, estas consultas hechas por René Fernández estarían ajenas al plan antilavado y más bien guardarían relación a la búsqueda de elementos que puedan ser utilizados en contra del expresidente Horacio Cartes, instrumentando instituciones públicas para perseguir a los adversarios políticos de turno.
La sospecha cobra fuerza con los antecedentes que existen al respecto. El propio exministro de Educación, Eduardo Petta, confirmó públicamente que ni bien Mario Abdo Benítez llegó al poder conformó su gabinete con cinco exfiscales, citando a Carlos Arregui, Emilio Fúster, René Fernández, Arnaldo Giuzzio y él, para dar continuidad a una investigación contra Horacio Cartes.
Fue así que Giuzzio, exministro del Interior destituido por presuntos vínculos con investigados por narcotráfico, denunció personalmente al exmandatario por un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del Grupo Cartes sin presentar pruebas fehacientes. A su vez Fernández, siendo titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción, rubricó un informe sobre las empresas Tabesa y Tabacos USA señalando supuestos lavados de activos. En tanto que Arregui, como ministro de la Seprelad, filtró al Congreso unos documentos donde atacaba al Grupo Cartes, y que fueron calificados como “mamotreto” porque no contenía elementos nuevos, sino que eran fragmentos del informe de Giuzzio.
La presión con que se está encaminando el nuevo trabajo de la Seprelad, de vuelta de la mano de René Fernández, hace sospechar de un entramado orquestado por el Gobierno para un aparente ataque político bajo el ropaje de la lucha contra el lavado de activos, pero que en la práctica sería una tosca maniobra con fuerte tufo a persecución.
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