Empresas constructoras, en jaque ante atraso del Estado y silencio del BCP

La situación del sector de la construcción no es nada buena a raíz de la deuda que el año pasado acumuló el Estado paraguayo con las empresas contratistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La demora en el cumplimiento del compromiso está provocando que muchas de ellas estén al borde de ser devaluadas en su calificación por el sistema financiero, atendiendo al atraso que afectó toda la cadena de pagos a proveedores de la construcción y a los mismos bancos.

Es por ello que desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) lanzaron reiterativos pedidos de auxilio al Banco Central del Paraguay (BCP), institución a la cual los afectados solicitan de manera urgente medidas transitorias similares a las que se adoptaron al inicio del año pasado con los productores del agro tras la sequía.

Las constructoras temen una devaluación en sus calificaciones ante los bancos, y que esto ocasione que ya no sean más sujetos de crédito por culpa de la mora del Estado en el pago de las deudas con ese sector.

Si bien entre el año pasado y los primeros meses de este se abonó parte de la deuda, aún persiste un saldo de aproximadamente 300 millones de dólares, según cálculos de la CAPACO. No obstante, para tener certeza sobre los montos aún adeudados, el gremio solicitó formalmente al MOPC el detalle de la deuda

Si el Estado no garantiza que las contratistas perciban los montos de sus contratos en tiempo y forma, y que se les paguen los intereses que legalmente les corresponde cuando existe atraso, las coloca en una situación insostenible desde el punto de vista financiero. Ante esto, los afectados consideran que es urgente que el Estado se ponga al día en sus compromisos en los términos establecidos en los respectivos contratos.

A esta demora se suma además que en la actualidad se registra un alto endeudamiento para financiar las obras públicas, lo cual tendrá un impacto negativo en los próximos años, siendo esto una bomba de tiempo que deberá administrar el próximo Gobierno cuando asuma las riendas del país.

PROPUESTAS AL FUTURO GOBIERNO

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y los gremios de la construcción de infraestructura vial, civil y eléctrica esperan que aquel que resulte electo para el periodo 2023-2028 apueste por un marco estratégico basado en los siguientes tres objetivos: aumento de la accesibilidad social, mejora de la conectividad territorial, y calidad de la infraestructura vial y eléctrica.

Los constructores elaboraron un documento de los puntos que deben ser atendidos, con un total de 18 propuestas concretas que ponen a consideración de las futuras autoridades.

El primer ítem aboga por priorizar las inversiones en agua potable, saneamiento, sector eléctrico, y la Hidrovía Paraguay – Paraná.  El segundo resalta la importancia del pago de la deuda y de la política de protección al sector de mayor generación de empleo, que es el de la construcción.

El financiamiento para infraestructura civil y vial es el tercer punto de la lista de propuestas. Allí el sector constructor menciona que el Estado debe mejorar las medidas regulatorias que actualmente impiden que las empresas, especialmente pequeñas y medianas, obtengan facilidades para realizar inversiones. Además indica la importancia de tomar medidas urgentes en el sistema de pensiones.

Como cuarta propuesta, abogan por aprobar el proyecto de ley “Que prioriza la ejecución de obras de Transmisión, Distribución y Generación contemplado en el Plan Maestro de obras de la Administración Nacional de Electricidad y otorga Garantía del Estado Paraguayo, por medio del Tesoro Público, a obras requeridas, bajo la modalidad Licitación Pública con financiamiento”. Esta normativa permitirá reducir a deuda flotante que la ANDE posee con las empresas contratistas, que en los últimos años se ha mantenido en un promedio de U$S 60 millones

En el quinto destaca la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en los contratos, previsibilidad financiera y visión de desarrollo de capacidades locales.

El rediseño institucional de la gestión de infraestructura del Estado, el fomento de la inversión privada en la obra pública, el mantenimiento de la infraestructura existente, la creación del Ministerio de Energía, la participación de los gremios privados en el diseño de políticas públicas para el impulso de la infraestructura y una política energética son otras de las propuestas de los constructores al próximo gobierno.

La lista continúa en el punto 12 con medidas crediticias para cubrir el déficit habitacional. Le sigue la propuesta de una Ley de Capitalidad que permita una mayor infraestructura en los accesos a la capital desde las diversas ciudades vecinas. En cuanto al transporte, el gremio considera importante crear incentivos y facilidades para que se inviertan en teleféricos y ferrocarriles.

Transparentar el uso del Fonacide y permitir utilizar el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) en la construcción de infraestructura escolar también están entre los pedidos.

Como al igual que un Plan Nacional de Recursos Humanos, para así dotar de los recursos económicos necesarios a las carreras tecnológicas y un mayor presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Además de implementar una Colegiatura profesional obligatoria para ingenieros, mediante una ley que otorgue al Centro Paraguayo de Ingenieros el control y la fiscalización del ejercicio profesional.

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