Evaluadores de GAFILAT llegan en medio de tumultoso escenario

La Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se realizará desde el 23 de agosto hasta el 3 de setiembre, y durante ese periodo Paraguay deberá demostrar cómo implementa con eficiencia y eficacia la normativa vigente contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos.

El grupo apoya a los países miembros en la implementación de sus 40 Recomendaciones con una constante capacitación, asistencia técnica y además las evaluaciones mutuas. A este estudio será sometido nuestro país en la brevedad y consistirá en una revisión de los sistemas y mecanismos creados para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet, indicó en entrevista con la radio 650 AM que las diferentes instituciones ya están preparándose para la llegada de la comitiva que se encargará de llevar adelante la evaluación de Gafilat en nuestro país.La actividad se hará en formato híbrido, la mitad de los evaluadores vendrá al país para realizar sus entrevistas y la otra seguirá vía telemática. La visita in situ consistirá en una evaluación técnica en cuanto a la prevención, supervisión, represión, fiscalización y control de las entidades tanto del sector público como del privado.

El informe final y la calificación para el Paraguay estarían listos en junio 2022. Es importante que el país pase esta prueba, porque caso contrario sería catalogado como uno no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos.

Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.
Por ello, Paraguay debe demostrar su eficiencia y eficacia en la implementación de la normativa vigente. Sin embargo, la visita se dará en medio de cuestionados casos financieros que podrían jugarnos en contra.

Uno de ellos involucra al banco Atlas, el cual ignoró señales de advertencia sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de US$ 6 millones, con dinero sucio proveniente del fútbol. El 4 de febrero de 2021, el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas.

La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la CONMEBOL en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.

No consta en la carpeta fiscal que el banco de la familia Zuccolillo haya reportado la operación como sospechosa. Lo más grave de la situación es que la Fiscalía se haya visto obligada a allanar la sede del Banco Central del Paraguay ante la negativa de la Superintendencia de Bancos de proporcionar información clave para el caso Leoz-Atlas, dejando en evidencia que el país no cumple con una de las recomendaciones de Gafilat, la cual consiste en la cooperación entre las instituciones.

Otro sonado caso que podría afectar la evaluación de Gafilat es el pleito judicial entre el Banco Central del Paraguay y el Banco Nacional de Fomento en torno a las cuentas que tenía el empresario Darío Messer en esa entidad bancaria.

El 27 de julio pasado, el directorio del BCP se ratificó en la sanción contra el BNF por supuestas fallas administrativas en el mecanismo antilavado, pero el BNF no comparte esto y asegura que fueron aplicadas medidas que se ajustan a los estándares establecidos en las recomendaciones internacionales y a las disposiciones legales y reglamentarias.

Por ello anunció que promoverá una demanda ante el tribunal contencioso administrativo. De esta manera, se abre una batalla legal entre ambos bancos tan solo a días de empezar la inspección de Gafilat que determinará si Paraguay supera la prueba y va a parar a la temida lista negra.