Fonacide: Contraloría reportó a la Fiscalía indicios de hechos punibles

En lo que va de este año, la Contraloría remitió más de 50 formularios de reportes de indicios de hechos punibles, respecto a las auditorías realizadas por la institución a distintas municipalidades del país en cuanto a la gestión del almuerzo escolar durante los años 2021 y 2022.

En el caso de Ciudad del Este, la comuna efectuó pagos a la firma proveedora FASV sin que la misma haya presentado los formularios de las personas vinculadas al cumplimiento del contrato de la identificación del personal, de acuerdo con el reporte enviado al Ministerio Público.

Así también se detectaron inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empresas proveedoras en cuanto a la cantidad de empleados. Asimismo, la municipalidad esteña efectuó pagos a proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida para el efecto. Además existió la falta del control del municipio respecto al cumplimiento del requisito de pago de salario mínimo vigente por parte de la firma contratada.

Por otro lado, la Municipalidad de San Joaquín, departamento de Caaguazú, fue reportado por atraso, insuficiencia y falta de provisión de kits de alimentos durante el 2021, además realizó un llamado por vía de la excepción y la proveedora adjudicada no proveyó los insumos adecuados, tales como utensilios, elementos de aseo, entre otros.

El municipio de Minga Guazu tampoco cumplió con las formas y condiciones de pago al proveedor, no realizó el control de la entrega de los alimentos, y los alumnos de una escuela no recibieron el almuerzo durante el 2022 pese a que la entrega estaba comprometida en un contrato.

La comuna de Iruña no remitió los formularios de información del personal de la proveedora de almuerzo escolar FASV Import-Export, siendo esto un requisito establecido en el pliego de bases y condiciones.

Corpus Christi, de Canindeyú, realizó pagos por alimentos escolares sin que exista la certeza en la entrega efectiva de los mismos, al no detallarse los insumos entregados en las notas de remisión dadas por el proveedor.

Yasy Cañy, de Canindeyú, realizó desembolsos por más de 400 millones de guaraníes sin solicitar documentación respaldatoria ni tampoco requirió a las entidades beneficiadas sus rendiciones de cuentas.

En tanto que, RI3 Corrales, de Caaguazú, está en la mira por la falta de control en la recepción de los kits alimentarios.

En cuanto a la fiscalización realizada por la Contraloría al MEC, también denunció ante la Fiscalía la importante cantidad de sobrantes de alimentos pagados sin que se pueda corroborar la redistribución o el destino final de los mismos. En 12 instituciones educativas sobraron casi 2.000 raciones el año pasado.

En la escuela y colegio Gaspar Rodríguez de Francia se detectó que la cantidad de alimento entregado era mayor a la asistencia presencial de los alumnos, como así también de la planilla de retiro de los kits, lo cual da el indicio de un perjuicio patrimonial de G. 119.532.305.

Otro reporte de la Contraloría expone además que entre los años 2021 y 2022, un total de 54 instituciones municipales no hicieron sus llamados de alimentación escolar en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por un importe total de adjudicaciones de G. 19.250 millones.

Además 24 municipios cuentan con un ID inexistente, según el portal de la DNCP y el portal de Datos Abiertos de la Contraloría, lo cual equivale a un total de adjudicaciones por G. 10.856 millones. Mientras que cinco municipalidades cuentan con un ID que no le corresponde, por un valor total de adjudicaciones por G. 1.698 millones.

Estos y otros reportes más deberán ser evaluados por el Ministerio Público, para determinar si amerita o no la apertura de una causa penal contra los municipios que habrían cometido las irregularidades detectadas por la Contraloría.