Prisión domiciliaria, medida que no protege a víctimas de agresores: ¿qué pasó con las tobilleras?

El arresto domiciliario es una medida que termina siendo letra muerta al incumplirse el encierro del procesado. Como los agresores no respetan la orden judicial, las víctimas que los denunciaron se exponen a represalias que pueden llegar a la muerte, lo cual hace replantear la urgente necesidad de la aplicación de las tobilleras electrónicas, para controlar la correcta aplicación de esta opción alternativa a la prisión.

El arresto domiciliario es una de las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva impuestas por el sistema judicial a aquellas personas procesadas, siempre que no exista peligro de fuga o de obstrucción de la investigación. Este beneficio no puede ser aplicado cuando el hecho es tipificado como crimen que lleve aparejado la vulneración de la vida o la integridad de la persona como resultado de una conducta dolosa.

En la práctica, esta opción que brinda la justicia no prevé un fuerte control para su correcta aplicación, situación que permite a los beneficiados incumplir con las medidas impuestas y deja en desprotección a las denunciantes que son potenciales víctimas de nuevas agresiones o incluso de feminicidio.

Como botón de muestra de lo que ocurre, una mujer denunció que su supuesto agresor –que habría cometido coacción sexual y violencia en su contra- incumple su medida de prisión domiciliaria. Se trata de Richer Ramón Villalba, imputado por coacción sexual en fecha 29 de septiembre de 2023.

La mujer había denunciado que el hombre –un guardia de seguridad que trabajaba en el mismo sitio que ella- intentó supuestamente abusarla dentro de su vehículo. La denunciante logró escapar del rodado tras forcejear con el sujeto, lo cual le ocasionó hematomas en el brazo y la pérdida de una uña del pie.

Si bien el denunciado tiene prisión domiciliaria mientras dure la investigación en su contra, el mismo al parecer incumple con la medida, ya que se lo habría visto en sitios públicos, como por ejemplo una estación de servicio, según imágenes acercadas por la propia víctima. En el video se observa al sujeto reuniéndose con otra persona que sería el jefe de operaciones de una cooperativa de seguridad privada que brinda el servicio de guardia a la empresa donde trabaja la denunciante.

Que la propia víctima esté al tanto de que la persona a quien denunció no respeta su arresto en el domicilio, demuestra el grado de ineficiencia del Estado en proteger a las mujeres que son potenciales blancos de ataques.

Alarma de sobremanera que este es solo un caso de violencia y coacción sexual que se denuncia en el país. De acuerdo con los reportes del Programa Datos Abiertos del Ministerio Público, correspondientes al año 2023, entre enero y diciembre del año pasado, hubo un total de 1279 víctimas de coacción sexual y violación, es decir, cerca de 4 mujeres a diario, siendo Central el departamento con mayores denuncias, seguido de Asunción, Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa.

El número de víctimas tiende a aumentar en el transcurso de los años, de acuerdo con los datos del Departamento de Estadísticas de la Policía, que muestran que desde el 2010 al 2015 hubo un incremento en las denuncias hechas.

Otra terrorífica cifra que expone el drama actual que se vive es la cantidad de mujeres víctimas de feminicidios, cerrando el año pasado en 48 casos, según el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE).

Respecto a la prisión domiciliaria, según datos de la Policía, solo en el Departamento Central hay más de 2.000 personas procesadas por diversos casos que se encuentran con esta medida judicial. Esto sin contar con las que tienen salida transitoria de prisión o libertad ambulatoria. En el régimen semiabierto hay alrededor de 300 personas -entre hombres y mujeres- con salidas transitorias y libertad condicional.

TOBILLERA ELECTRÓNICA

Una opción que puede paliar la situación y brindar seguridad a las denunciantes, es la aplicación de la tobillera electrónica, que, pese a establecerse por ley, aún no se utiliza en el Paraguay.

Hay que recordar que el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el 5 de octubre de 2023 el decreto reglamentario de la Ley 6568, que autoriza el uso de los dispositivos electrónicos de control. Sin embargo, luego remitió a través de los ministerios del Interior y de Justicia un proyecto de modificación de la normativa para facilitar y optimizar su implementación efectiva, ampliando el alcance de la misma.

Lo último que se supo de la propuesta fue que la Cámara de Diputados dio media sanción en noviembre de 2023 al proyecto de modificación, estableciendo que las tobilleras sean costeadas por los procesados y que en el caso de una insolvencia del eventual beneficiario, sea el Estado paraguayo el que absorba el costo.