Seguro médico de Hacienda: tufo a "cocinada" en licitación

Suman las irregularidades en el cuestionado proceso licitatorio para el seguro médico VIP de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. La adjudicación por G. 62.000 millones finalmente fue anulada por las irregularidades detectadas en la operación ejecutada por la convocante.

A finales del 2022, el Ministerio de Hacienda realizó el llamado a licitación N° 419.853 para la Contratación de Servicios para la Seguridad Social de los Funcionarios de esa institución por un monto estimado de ₲ 63.032.666.700. En febrero del 2023, adjudicó por la suma de ₲ 62.572.588.800 a dos proveedores: el Consorcio Salud SD, integrado por las empresas Docto SRL y Samaja SA, que consiguió un contrato por G. 61.972.588.800; y el Grupo Proinsa SA, por G. 600.000.000.

La convocante firmó el contrato con el Consorcio SD, que entró en vigencia el 14 de febrero pasado. Sin embargo, el 9 de marzo de 2023, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ordenó por Resolución N° 706 anular la adjudicación a este consorcio y retrotraer a la etapa de evaluación de ofertas, tras hallar serias irregularidades en el proceso licitatorio. Se presume que hubo un direccionamiento hacia el elegido.

Inicialmente el pliego de bases y condiciones de este llamado establecía ciertos requisitos para los oferentes, tales como contar con una experiencia en el servicio de seguro médico por un monto equivalente al 50% de lo presupuestado como máximo de la licitación, en un plazo de 3 años; con al menos un contrato de prestación de medicina prepaga con organizaciones públicas o privadas de al menos 2.460 titulares por tres años consecutivos; con 10 años de antigüedad en el rubro, y tener contratos vigentes con sanatorios.

De forma muy llamativa, dichos condicionantes fueron modificados por la convocante, quien optó por alivianar la exigencia y permitir que empresas sin tanta experiencia en el rubro puedan competir. Así, al pliego se introdujo la modificatoria que permitía concursar a aquellas que ofrecían servicio médico sanatorial y/o similar, con el 30% como mínimo de la licitación ofertada sumando cinco años en instituciones públicas o privadas. Un punto que se omitió con el cambio introducido fue la de contar con la cantidad de asegurados a los que llegó a prestar el servicio. Además se redujo de 10 años a solo 5 la antigüedad que debían tener en el ramo, y en ese sentido se incluyó que en el caso de empresas consorciadas, solo bastaba que uno de los integrantes cumpla con ese requerimiento, no así los demás.

Otro punto modificado fue la de eliminar el requerimiento de presentar los contratos vigentes con hospitales y otros establecimientos de salud. En ese sentido se introdujo la presentación de una declaración jurada que garantizaba estos contratos.

Tras una protesta hecha por otro oferente, Contrataciones Públicas pudo constatar que se cometieron varias irregularidades en este proceso. Una de ellas fue la conformación del comité evaluador, al cual fue incluido Christian Escobar, actual representante de la SET y que también en ese momento ejercía como Jefe Interino de la Unidad de Contrataciones, lo cual violaba el artículo 8 del decreto 2929/19 que establece que “los miembros de la unidad operativa de contratación (UOC) no podrán formar parte del Comité de Evaluación”.

También halló que el consorcio adjudicado no cumplió con la presentación de contratos vigentes de los profesionales médicos. Si bien Hacienda colocó en la evaluación de ofertas que el consorcio sí cumplió con este requerimiento, no adjuntó documentos ni fotos de los documentos como constancia del cumplimiento.

Así también determinó que Hacienda ignoró el reclamo que presentó otra empresa competidora referente al incumplimiento del Consorcio adjudicado.

Otra irregularidad fue que el Consorcio SD presentó como aliados a dos sanatorios que no contaban con el nivel 3 requerido en el pliego. Ambos entes tenían vencidos desde marzo del 2022 los certificados de categorización. El consorcio presentó a un centro asistencial de Ciudad de San Juan Bautista como aliado, y se detectó que no posía habilitación del Ministerio de Salud. En la oferta presentada tampoco se observaban las habilitaciones de las cadenas de farmacias.

Además de que el pliego se hizo aparentemente a la medida, se suma que el Ministerio de Hacienda adjudicó este seguro VIP a un sanatorio que había sido demandado por deudas. En agosto del año pasado, la institución pública promovió un juicio de ejecución de sentencia contra el Sanatorio Americano S.A. por cobro de la suma total G. 12.695.017, más los recargos, intereses legales y costas del juicio. Este centro asistencial es administrado por Docto SRL, firma miembro del consorcio Salud SD con el que junto a Samaja SA, consiguió adjudicarse el seguro médico para los funcionarios públicos.

Por si eso no fuera suficiente, estas dos proveedoras consorciadas cuentan con amonestaciones de Contrataciones Públicas. En el caso de Docto SRL recibió una advertencia en septiembre del 2020 y otra en julio del 2021 por brindar información falsa en su presentación para la licitación de servicios de medicina prepaga. Por su parte, Samaja SA tiene una reprimenda que data de febrero del 2019 por el mismo hecho.