Bomba de tiempo: San Cristóbal castiga a socios y estalla roncha generalizada
La Cooperativa San Cristóbal enfrenta serias dificultades financieras con millonarias pérdidas que deja la administración de Juan Carlos Ozorio, exdiputado procesado en el marco del operativo A Ultranza. Los socios de la entidad ahora sufren las consecuencias con los castigos que se imponen para intentar sobrellevar la terrible situación.
En una nota presentada hace un mes, el pasado 28 de agosto, un grupo de socios requirió informes al actual presidente de la cooperativa, Guillermo Cantero, referente a la situación financiera dejada por la administración anterior y las medidas adoptadas en ese sentido, las cuales estarían repercutiendo negativamente contra los propios asociados.
En ese sentido, en el escrito remitido se deja constancia de que a las pérdidas acumuladas del ejercicio 2022 sumado a los cargos diferidos al inicio del año 2022, suman montos impresionantes si se relaciona con el aporte/capital de los socios. Del total de las pérdidas reconocidas solo en el ejercicio 2022, se dispuso que Gs. 78.670 millones sean trasladadas a ejercicios siguientes para que amorticen en proporción durante los próximos 10 años siguientes.
También para que las pérdidas del ejercicio 2022 de Gs. 54.205 millones tengan un impacto menor en los socios, la asamblea decidió que utilice la reserva legal de Gs. 22.760 millones, resultando la pérdida neta por ese año de Gs. 31.445 millones.
Ante esta situación financiera crítica, el consejo de la cooperativa adoptó decisiones importantes para intentar solventar la crisis. Una de ellas fue aplicar una medida contra los socios que pretendan retirarse y sacar sus ahorros.
Esta situación consta en la nota enviada al presidente de la institución, en la cual se manifiesta que “preocupan los numerosos comentarios de socios en las propias redes sociales oficiales de la Cooperativa cuando en cada posteo generan una alta ansiedad, sobre todo porque quienes renuncian, son castigados con el retorno de aproximadamente 20% de sus respectivos aportes y el 80% son asumidos por los renunciantes. Inclusive esas inquietudes nunca son respondidas con el nivel de autoridad que corresponde en las páginas oficiales”.
De acuerdo a un vistazo a las redes de San Cristóbal puede observarse el descontento generalizado entre los socios debido a una quita del 80% de sus ahorros en caso de presentar su renuncia a la cooperativa. Así, los renunciantes pueden retirar solo el 20% de su capital aportado. Es decir, de cada millón guardado, solo pueden recibir el monto de 200 mil guaraníes.
Quien sí salió a hablar, al menos a través de comentarios en las redes sociales, fue Carlos Lugo, integrante del Consejo de Administración de la entidad. En respuesta a una de las tantas inquietudes de los socios, el mismo alegó que el aporte que solidariamente ingresaron a la cooperativa, no constituye una caja de ahorro, sino más bien es el capital social de la entidad y resaltó que se procedió a enjugar la pérdida. Escribió además: “Por nuestra parte, que estamos al frente del Consejo de Administración desde el mes de mayo/2023, no podemos retrotraer actuaciones administrativas, o lo que se hizo o dejó de hacer en los Consejos anteriores, así también debemos cumplir lo que la Asamblea decidió. Los malos procedimientos que constituyeron delitos, eso se encuentra en el campo judicial que es el que debe determinar y juzgar las acciones deshonestas y desleales”.
Los ahorristas solicitan a los directivos que den a conocer información oficial, de modo a dar tranquilidad a los desesperados socios, en vista a que los comentarios que se están generando en las redes y el resultado negativo del patrimonio de la cooperativa, constituyen una verdadera bomba de tiempo.
También requieren informes sobre los préstamos que está asumiendo la entidad, cuya finalidad debería ser la colocación de nuevos créditos, pero que, según información manejada, se estaría destinando a otros fines.
Otro punto reclamado es conocer el estado de las demandas civiles contra los socios morosos, que obtuvieron préstamos a tasas irrisorias muy por debajo de los convencional y sin ninguna garantía que permita asegurar el retorno del dinero dado en préstamo.
El proceso de intervención en la cooperativa, que concluyó después de casi un año, encontró diversos hallazgos preocupantes, siendo uno de los más graves el alto nivel de morosidad en los créditos otorgados por la cooperativa. Además, reveló que se otorgaron préstamos sin garantía viable, a pesar de las advertencias previas por parte de la administración durante el proceso de revisión de antecedentes.
Finalmente los socios exigen avances en la demanda penal hecha ante el Ministerio Público. Sin embargo, todas estas solicitudes todavía no fueron respondidas a la fecha.
La Cooperativa de San Cristóbal se encuentra en un momento crítico en el que es necesario tomar decisiones estratégicas para su recuperación financiera y restablecer la confianza de sus socios, caso contrario la bomba terminará estallando.
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