“Cachito” Salomón, sindicado como protector del titular de CONAJZAR

Óscar Salomón, titular del Congreso Nacional. Foto: Gentileza.

En medio del importante examen de Gafilat al Paraguay, el Senado protagonizó un lamentable hecho la semana pasada al intentar blanquear al titular de Conajzar, José Antonio Ortiz, sobre quien pesa un pedido de voto de censura y además una denuncia penal ante la Fiscalía por las múltiples irregularidades cometidas en la institución a su cargo.

En una sesión extraordinaria del jueves pasado, el pleno de la Cámara Alta fue convocado para tratar el proyecto de resolución que considera insatisfactorias las respuestas del presidente de Conajzar José Antonio Ortiz durante su interpelación y emite el voto de censura en contra del mismo. Sin embargo, el tratamiento tuvo que ser aplazado ante la falta de cuórum, lo cual despertó la molestia de algunos legisladores que no están conformes con la actuación de Ortiz al frente de la institución que debe controlar los juegos de azar.


El senador colorado Juan Carlos Galaverna fue uno de los presentes que cuestionó el supuesto intento de blanqueo al titular de Conajzar y acusó directamente a sus colegas del mismo partido político, Lilian Samaniego y Óscar Salomón, de ser los artífices de esta jugada.


Durante el picante intercambio de palabras, “Calé” sostuvo que “Cachito” logró salvar momentáneamente a su supuesto testaferro en Conajzar. En respuesta, Salomón argumentó que la edad le está jugando una mala pasada al veterano legislador colorado, al momento de negar que Ortiz sea su protegido y aclarar que en ningún momento insistió en que se trate el voto de censura.


Vale recordar que el presidente de la Conajzar, José Antonio Ortiz, fue interpelado en su momento por la Cámara de Senadores por varias irregularidades, pero principalmente por el presunto negociado con “tragamonedas”. En ese sentido se estima que en el país existen unas 150 mil máquinas, que mes mueve unos G. 300 mil millones, por lo que el negocio es millonario y en el Senado existe la alta sospecha de un presunto esquema para lavar dinero.


Es justamente por este último punto que la sesión del jueves pasado era de vital importancia, atendiendo que actualmente Paraguay se encuentra en pleno examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ante el cual debe demostrar su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, o de lo contrario ingresará a la temida lista negra y sufrirá las implicancias que ello conlleva.


Al respecto, el senador colorado Enrique Bacchetta indicó que el presidente Mario Abdo Benítez debe destituir a un presunto corrupto como lo sería el titular de Conajzar, porque si no lo hace, colocará al país en una situación de riesgo ante los evaluadores de Gafilat.


A su vez el senador liberal Eusebio Ramón Ayala coincidió que, además de merecerse el voto de censura, José Antonio Ortiz debe ser destituido por Mario Abdo, a raíz de las denuncias en su contra por varias irregularidades en su gestión al frente de la institución pública.


En la Fiscalía ya se encuentra una denuncia hecha por un grupo de senadores contra Ortiz, por la explotación irregular de la quiniela y la concesión a una empresa para la legalización de las máquinas tragamonedas, que incluye la llamativa reducción del 50% del canon para las empresas de juego de azar. En la denuncia se exponen los hechos punibles de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, declaración falsa, prevaricato y exacción.


A esto se suma el reciente lapidario dictamen expuesto por la Contraloría General de la República, la cual analizó el caso de Conajzar sobre la polémica y cuestionada adjudicación para la legalización de las máquinas tragamonedas.
En tres puntos principales, concluyó que la resolución colisionaría con el marco normativo vigente.

La primera habla sobre la imposibilidad de autorizar la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas en lugares de acceso público, conforme a los lineamientos del Decreto 3083/15 y de la Resolución CONAJZAR N. 36/16. La segunda establece que la institución no realizó un proceso licitatorio para la concesión, con alcance nacional, de la explotación de las máquinas electrónicas tragamonedas. Y la tercera menciona que la CONAJZAR habría incurrido en la delegación de sus competencias a la firma iCrop SA.Pese a las evidencias en su contra, José Antonio Ortiz sigue campantemente en su cargo gracias a la bendición política. 

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