Censo: cómo se invirtieron los millones de dólares en la polémica jornada

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dice que hasta el momento se ejecutó el 42% de los 43 millones que fueron destinados al Censo Nacional, mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es decir se invirtió alrededor de US$ 18 millones para la recolección de los datos.

Al hacer un desglose de esa cifra, se detalla que US$ 7.262.479 fueron transferidos al sector externo para el pago a censistas, US$ 4.406.982 fueron para el servicio del personal, US$ 1.422.779 para bienes de consumo e insumos, US$ 1.804.025 para imprenta, seguro, publicidad y comunicación, US$ 1.599.589 para equipos y herramientas, US$ 1.301.814 para pasajes y viáticos, US$ 262.646 en alquileres, y US$ 872 para el pago de los servicios básicos (luz, agua y teléfono).

En este caso, se debe confiar ciegamente en las cifras que brinda el propio Gobierno, en atención a que las adquisiciones de insumos, consultoría y otros, que hizo el INE para el Censo, por valor de G. 44 mil millones, no pasaron por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esta falta de control se dio porque se usó el fondo del BID y por ello las inversiones se hicieron bajo las normas de ese organismo internacional que otorgó el crédito, lejos del control local.

Al respecto, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, explicó que las licitaciones realizadas con los fondos del BID figuran en el portal de Contrataciones pero que esto es más bien de manera informativa, ya que la dirección a su cargo no formó parte del proceso de planeamiento ni adjudicación.

Por ejemplo, el INE efectuó la compra de 288.000 tapabocas por 316 millones de guaraníes en septiembre de este año para el censo. Este llamado aparece en el portal de Contrataciones como que aún no está adjudicado, cuando en la práctica sí ya lo fue. En ese sentido Seitz aclaró que se rige por las normas del BID y que un tratado internacional tiene una prelación superior, por lo que el único órgano de control que puede intervenir en este caso es la Contraloría General de la República.

Llama la atención que se hayan comprado miles de mascarillas luego de que el Gobierno pusiera fin al uso obligatorio de las mismas, además se suma que los propios censistas no utilizaron los tapabocas durante sus recorridos. Otro punto sospechoso es que el INE haya adquirido productos de limpieza (jabón en pan, limpiavidrios, ácido muriático, virulana, creolina y ácido para destrancar cañería) por más de G. 300 millones bajo la excusa del censo.

USO DISCRECIONAL DE FONDOS DESPIERTA DUDAS

El Gobierno de Mario Abdo Benítez consiguió un importante crédito para la realización del censo. En noviembre del año pasado, el Congreso Nacional aprobó el préstamo de US$ 43 millones, cifra que se suma al millonario endeudamiento del país.

A raíz de la fallida jornada censal, en el Parlamento surgieron dudas referente a cómo se destinó el dinero aprobado. El manejo de semejante volumen de dinero, justo en tiempos electorales, desató mucha suspicacia. Uno de los actores políticos que salieron a cuestionar fue el senador liberal Blas Llano, quien preguntó cómo se garantiza que los recursos se hayan destinado para el objetivo que se previó inicialmente y para lo cual el país se endeudó. 

Ante esa duda, el legislador presentó el jueves pasado un proyecto de Resolución que encomienda a la Contraloría General de la República a efectuar auditorías financieras y de gestión sobre el uso de los recursos destinados para la realización del censo nacional. Su planteamiento tuvo el acompañamiento de sus colegas.

Así también, el Senado convocó ayer al titular del INE, Iván Ojeda, para escuchar sus explicaciones sobre cómo se invirtió cada centavo de la cantidad de plata presupuestada y los resultados obtenidos. 

Por otro lado, los diputados ya presentaron un pedido de interpelación de Iván Ojeda por el fiasco del censo.

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