El negocio detrás de las viviendas sociales: 47 millones de dólares desatan Guerra en el Ministerio

  • US$ 47 MILLONES PARA VIVIENDAS: DIRIGENTE DEL EQUIPO DE EFRAIN LIDERA TURBA DE MOVILIZADOS
  • LEY DE VIVIENDAS SOCIALES APLICA NUEVAS REGLAS PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA
  • MILLONARIO FONDO PARA VIVIENDAS DESATA GUERRA: PIDEN CABEZA DE MINISTRO POR EXIGIR TRANSPARENCIA 

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitad está a punto de comenzar a ejecutar los 47
millones de dólares para construcción de viviendas sociales. La liberación de los fondos, los
resultados de una auditoría a la gestión del exministro Dany Durand que reveló graves
irregularidades y la exclusión de varias empresas desataron una verdadera guerra. Los
promotores de las movilizaciones exigen la cabeza del ministro Carlos Pereira. 

El Fonavis es un programa que permite transferencias directas a organizaciones que prestan
servicios de asistencia técnica, estas realizan gestiones para postular a personas de escasos
recursos y eligen a las constructoras encargadas de las obras. 

El plan de reactivación económica del Gobierno incluye la construcción de viviendas sociales
aplicando la ley 3637 del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis). Este programa
permite transferencias directas a los responsables de los proyectos de viviendas sociales
denominados “Servicios de Asistencia Técnica” (SAT). Estos servicios se encargan de la ficha
social de los proyectos y subcontratan a las constructoras responsables de la ejecución de los
proyectos. 

El mecanismo de contratación de estos servicios de asistencia técnica facilitó que empresas de
dudosa procedencia reciban recursos públicos sin que haya competencia entre empresas, ni
control ciudadano. Una serie de irregularidades detectadas durante la administración del

exministro Dany Durand, un presunto daño patrimonial de Gs 90 mil millones, obligaron a una
propuesta de reforma de la ley que cuenta con media sanción en el Senado. 

Los cambios planteados incluyen el endurecimiento de los controles a las proveedoras, el
cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la ejecución de las obras y la
trazabilidad de los procesos. 

La administración del ministro Carlos Pereira resolvió la inhabilitación de 55 servicios de
asistencia técnica. La mayoría por no reunir las condiciones necesarias o no haber cumplido el
cronograma de obras. Algunas registraban más de mil días de atraso. 

Estas medidas de control desataron la roncha de algunos sectores. En nota del 28 de abril
pasado, los líderes de los distintos grupos que nuclean la Coordinadora Multisectorial de
Fonavis enviaron una nota al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para exponer su
enojo. En la misiva, entre varios otros puntos, reclamaron la nula ejecución de los 47 millones
de dólares para viviendas sociales, y condenaron “la persecución permanente y sistemática
que sufren los compañeros de Servicios de Asistencia Técnica (SAT) y empresas constructoras
afines a nuestras organizaciones”.

QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE ESTAS MOVILIZACIONES

Entre los representantes de las organizaciones sociales que no acompañan la modificación del
Fonavis figura Pulciano Sánchez, conocido caudillo liberal del sector efrainista. El mismo había
sido denunciado en el año 2017 por los conocidos como sintechos por lucrar a costa de los
necesitados y utilizarlos para fines políticos partidarios, al supuestamente obligarlos a
participar de manifestaciones y arrearlos durante las elecciones.

Pulciano también está muy ligado al exsenador liberal Carlos Amarilla. La cercanía entre ambos
quedó expuesta mediante un audio divulgado, en el cual se oye al excongresista explicando al
dirigente Pulciano que ya estaba en marcha su expediente, aparentemente en el Ministerio de
Urbanismo. También le informaba que ya estaban saliendo algunos dictámenes a favor de la
Multisectorial.

Ahora están en juego US$ 47 millones para la construcción de viviendas sociales y ante el
intento de brindar mayor control al uso del dinero público, los dirigentes liberales ya movilizan
a la turba como medida de presión. ¿Temen perder el negocio que hay detrás de las casas para
las familias vulnerables?

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