Inversión pública: alto endeudamiento no retribuye en mejoras sociales
El Ministerio de Hacienda presentó el Informe de la Situación Financiera de la Administración Central (SITUFIN) y al mes de octubre del 2022 se presenta un déficit de G. 5.566,2 mil millones (USD 774,7 millones) que representa el 2,0% del Producto Interno Bruto (PIB). En el reporte se resalta la ejecución de la inversión pública, pero, en ese sentido, la preferencia son las obras públicas y no los proyectos sociales. Hasta el momento el Gobierno viene destinando 891 millones de dólares en inversión pública, de los cuales 650,9 millones fueron para el Ministerio de Obras Públicas, que en su mayoría corresponden a créditos otorgados por organismos internacionales como el BID, CAF y Fonplata.
Pese a la aceleración de las obras públicas, estas no retribuyeron en la disminución de la pobreza o desocupación laboral, cuyos números fueron en aumento en los últimos años. En cambio se acumuló una deuda histórica con el sector constructor, que supera los 400 millones de dólares. Ante esta coyuntura, se aprobaron dos leyes en el Congreso a finales de octubre y hoy está en manos del Poder Ejecutivo hacer las gestiones para disponibilizar créditos programáticos por la suma de 160 millones de dólares y saldar parte de la deuda.
Sin embargo, aparentemente el Gobierno no va a pagar aún a las empresas contratistas del MOPC pese a que se aprobó el crédito y tiene disponible el dinero. Según trascendió, el argumento sería que este pago terminaría afectando el déficit fiscal y crearía mayor inflación, situación que no es del agrado del Ministerio de Hacienda. Entonces, la idea barajada al parecer sería soltar de a poco el desembolso y hacer una “bicicleteada” al pagar en varias tandas la deuda.
El Ing. Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya, precisó en entrevista con la radio 650 AM que aún no existe una versión oficial sobre el mecanismo que utilizaría el Gobierno para cumplir con sus obligaciones. No obstante, refirió que lo cierto y concreto es que en la actualidad siguen esperando los desembolsos correspondientes, tras haber hecho mucha presión para conseguir que el Parlamento apruebe los fondos para saldar la deuda acumulada.
El sector espera que no se concrete el pago a cuotas, tal como estaría pretendiendo el Gobierno, ya que la situación actual del rubro es muy angustiante y requiere el cumplimiento del compromiso lo antes posible, atendiendo a que se necesita pagar al personal, a los proveedores y comprar los insumos para seguir trabajando. Caso contrario, aumentaría aún más el número de los obreros desempleados.
Para Sarubbi, el Estado debe cuidar a todos los sectores de la economía y ver el esfuerzo que hicieron las empresas constructoras en inversión de equipamiento y capacitación del personal, mejoras que podrían fundirse si no se realizan los pagos.
En respuesta, el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, aseguró que estos pagos se están haciendo conforme a la disponibilidad presupuestaria y para eso están trabajando con el Ministerio de Hacienda en la elaboración del plan de gastos, por lo que a medida que el Fisco transfiera los fondos, también se irá saldando la deuda contraída con las constructoras.
La autoridad informó que al cierre de octubre se pagó aproximadamente USD 90 millones, en su mayor parte del préstamo proveniente del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Y anunció que en breve iniciarán los desembolsos del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
SITUACIÓN DE LAS FARMACÉUTICAS
Por otro lado, también se ve afectada la cadena de proveedores de medicamentos, a raíz de la millonaria deuda que tiene el Estado. Al respecto, el Instituto de Previsión Social (IPS) debe al gremio unos US$ 270 millones por la provisión de fármacos y desde agosto pasado que no realiza ningún desembolso. Mientras que el Ministerio de Salud cerraría este año con una deuda de entre US$ 70 y 80 millones.
El representante de la Cámara de Industrias Farmacéuticas del Paraguay (Cifarma), Luis Ávila, lamentó que, si el IPS no ve mecanismos para saldar su compromiso, se deberá cortar la provisión de los fármacos a la previsional, porque la mayoría de los productos son importados y las farmacéuticas registran millonarias deudas en el extranjero. De hecho, la falta de medicamentos ya se resiente en el IPS, donde los asegurados reclaman que con el correr de los días la situación va de mal en peor.
Mientras la ciudadanía se encuentra a la deriva, desempleada, sin recibir una salud de calidad y tampoco una asistencia estatal, el Gobierno sigue distante a la problemática que podría derivar en un estallido social.
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