Negocio de 1 US$ millón: Exsenador dictaminó a favor de legalizar negocio con máquinas callejeras
Una mujer juega tragamonedas. Foto: Gentileza.
El exsenador Hugo Estigarribia avaló operación para legalizar juegos con máquinas callejeras, el exlegislador dictaminó a favor de empresa que explotará negocio ilegal. La empresa de maletín tendría vínculos con políticos de Añetete y moverá US$ 1 millón por mes.
La empresa iCrop S.A. presentó en octubre del 2019 una propuesta formal a la CONJAZAR, presidida por José Ortiz Baez, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la CONAJZAR y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes.
Para sustentar esta operación, la empresa contrató los servicios del estudio jurídico “Estigarribia y Asociados”, representada por el exsenador Hugo Estigarribia, quien con un dictamen avaló la legalización de un negocio que opera al margen de la ley.
La Caja Negra tuvo acceso al dictamen elaborado por el Estudio Jurídico Estigarribia & Asociados, el cual culminó el pasado 16 de febrero, tras analizar el marco legal y constitucional de la polémica resolución de la CONAJZAR número 34/2020 que brinda la potestad a la empresa Icrop SA para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con las máquinas callejeras.
Desde la comisión de Hacienda del Senado advirtieron que la firma podría servir como fachada para lavar dinero, a raíz de la llamativa decisión de la CONAJZAR de delegar sus funciones y tercerizar a través de esta empresa el cobro de canon a estas máquinas callejeras.
En el primer punto, el dictamen concluye que dicha resolución no tiene valor de Ley, pero que sería deseable que así lo fuera mediante la modificación de la normativa 1016/97 que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar.
Sin embargo, pese a carecer de peso de ley, considera que sí tiene importancia legal de aplicación, pues alega que la resolución fue dictada para regular “un tipo de juego de azar no incluido ni previsto en esa ley”.
En este punto se deja de lado que en realidad los juegos con máquinas electrónicas sí están reguladas por esa ley y que los aparatos que se encuentren en la calle en realidad están operando de manera ilegal.
En el segundo punto, el estudio jurídico esgrime que la resolución de la CONAJZAR no es contraria al orden jurídico constitucional establecido en el artículo 137 que habla de la supremacía de la Constitución Nacional, y que además sí se ajusta a las atribuciones departamentales y municipales.
Y como tercer punto concluye que “por los fundamentos jurídicos esbozados en las líneas precedentes, cabe concluir que la resolución CONAJZAR N. 34/2020 tiene pleno valor normativo y es viable, desde la óptica constitucional, para su aplicación en todo el territorio nacional a la fecha”.
En su análisis, Estigarribia no se expresa respecto a las amplias facultades que otorga la CONAJZAR a la empresa beneficiada, tales como la posibilidad de hacer el censo, el catastro, la liquidación del canon, el cobro a los dueños de máquinas, entre otros. En cambio, solo habla de que las máquinas chinas que están en las calles consisten en un “juego nuevo” que ahora se regularán mediante la resolución de la CONAJZAR.
Con este dictamen, la empresa Icrop S.A., encargada del cobro del canon por la explotación ilegal de las máquinas tragamonedas, se sustenta en que la operación hecha por la CONAJZAR se encuentra dentro del marco de la ley. El ‘favorable’ dictamen omite cuestiones básicas como el hecho de que la Conajzar violó su propia ley marco N 1016 al legalizar un tipo de juego de azar que opera fuera de la ley, además de la delegación de funciones públicas que por ley solo corresponden al ente regulador.
La empresa Icrop S.A. cobra entre G. 300 a G. 400 mil al mes por cada tragamonedas, de los cuales G. 80 mil transfiere a la CONAJZAR. Estiman que existen 25 mil máquinas operando en forma ilegal ante el beneplácito del ente regular. Políticos influyentes habrían operado para que la empresa privada logre un contrato directo otorgado por CONAJZAR que les genera mensualmente cerca de US$ 1 millón.
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