Operaciones industriales en el banco San Miguel: vecinos denuncian irregularidades
Son varias las industrias que están operando de manera irregular en el banco San Miguel, al incumplir las compensaciones ambientales y disposiciones establecidas como medidas de mitigación para salvaguardar este importante espacio.
El equipo de La Caja Negra realizó un recorrido por el Banco San Miguel utilizando las herramientas geográficas de navegación Google Earth y Google Maps. A través de estas aplicaciones se logró observar y constatar la cantidad de emprendimientos que existen en la zona, los cuales dividimos en tres tramos.
El primero corresponde al río arriba antes del Puente Héroes del Chaco, siendo el punto de partida la planta de tratamiento de Viñas Cue de la Essap. Allí fueron detectadas seis areneras (dos de ellas sin nombre), además de dos astilleros y un posible amarradero.
En el segundo tramo, desde el Puente Héroes del Chaco hasta la entrada de la Bahía de Asunción, fueron encontrados dos astilleros, seis amarraderos (uno de ellos sin nombre), y dos caleras.
Mientras que en el tercero, comprendido entre la entrada de la Bahía de Asunción y el límite con Lambaré, fueron constatados 17 emprendimientos como astilleros, areneras, puertos, atracaderos, asociaciones de pesca, entre otros.
Durante los recorridos, el equipo periodístico pudo constatar la situación de un caso en particular, la del Astillero Raci SRL de la familia Zapac. Este emprendimiento se halla dentro de los límites de la reserva natural del Banco San Miguel y, según esgrimen sus administradores, ocupa el lugar desde el año 1993, mucho antes de que sea declarada como área protegida. Según la declaración de impacto ambiental, la actividad de esta empresa consiste en la construcción, ensamble y reparación de barcazas.
De acuerdo con los antecedentes, en el 2009 la Junta Municipal denegó un pedido de la firma y autorizó a la intendencia a que notifique a la misma a desocupar el lugar en un plazo no mayor de 30 días. En respuesta, la empresa presentó una acción de inconstitucionalidad pero la justicia rechazó imponer una medida cautelar solicitada por la accionante. En 2021, la Dirección General de Gestión Ambiental manifestó que el astillero tenía un periodo de 10 años para cesar sus actividades y retirarse del sitio.
En el marco de la batalla para obtener el uso del sitio, de vuelta la empresa presionó para seguir allí. Fue así que en junio de 2021, la Junta Municipal de Asunción resolvió otorgar un contrato de uso por cinco años renovables, mediante el pago de solamente 317.819.778 guaraníes al año en concepto de canon y además de algunas compensaciones, tales como realizar los trabajos de reparación y mantenimiento de la calle que va desde la Costanera hasta el acceso principal del local, debiendo mantenerla en óptimas condiciones, como así también, la colocación y retiro de 3 contenedores para la basura de 5 metros cúbicos, sobre dicha calle, para la utilización de los vecinos colindantes con la sede de la empresa.
Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que el astillero “Rasi SRL” incumple con las compensaciones. Además, pese a que no está habilitado como amarradero, ni siquiera para reparaciones de remolcadores, en la práctica se utiliza para dicho fin, según se pudo constatar con las inspecciones en el sitio, ya que las imágenes muestran las feroces embarcaciones estacionadas en la Bahía.
Otras medidas impuestas a la empresa fue dotar de infraestructura requerida para afrontar con eficacia los continuos incendios forestales que se generan en la reserva y de dotar equipos acuáticos especializados para la recolección de residuos en la Bahía de Asunción. Sin embargo, los bomberos voluntarios carecen de estas herramientas que debieron ser proporcionadas por la permisionaria.
Así también, los vecinos del emprendimiento denuncian que el astillero no respeta los horarios de descanso, puesto que sus trabajadores hacen ruidos fuertes toda la noche y los domingos, cuando su impacto ambiental no lo permite. Además, la empresa procede a realizar reparaciones, soldaduras y cortes de las embarcaciones en el agua, y pruebas de potencia en la bahía, que constituyen un riesgo para la gente de la zona.
Esta es una muestra de lo que ocurre en el sitio ante la falta de una mano dura de las autoridades que deben hacer cumplir la ley vigente.
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