Oscuro manejo en Cooperativa del Senado
Senadores instaron al INCOOP a intervenir la cooperativa. Socios serian víctimas de usura, según informe de auditoría confidencial revela una serie de irregularidades.
En su sesión ordinaria del 13 de mayo pasado, el Senado aprobó sobre tablas el proyecto de declaración que insta al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) a intervenir la Cooperativa Multiactiva de Funcionarios de la Honorable Cámara de Senadores Limitada.
Según el proyectista Enrique Riera, existen graves sospechas de actos de corrupción que ocurrirían campantemente en dicha cooperativa desde hace mucho tiempo. De acuerdo a la denuncia presentada ante el pleno, los funcionarios de la Cámara Alta son víctimas de usura y sufren el embargo de sus salarios pese a haber cancelado sus deudas.
En noviembre del 2017, una auditoría dejó al descubierto una serie de irregularidades en la Cooperativa de los funcionarios del Senado. El equipo de la Caja Negra tuvo acceso a este documento de carácter confidencial que consta de más de 70 páginas, en las cuales se dan a conocer “las debilidades” encontradas en el periodo del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016.
En ese entonces, la Comisión Directiva del Consejo de Administración de la cooperativa estaba compuesta por Anastasio Barreto Armoa, presidente; Pedro Reinaldo Riveros Cazal, vicepresidente; Leticia Santacruz, secretaria; Carlos Duarte Chávez, tesorero; José Daguerre, pro-tesorero, Marino Alarcón, vocal titular; Billy Jou Núñez, vocal suplente; Lilian Hidalgo, vocal suplente; y Sergia Encina, administradora.
Entre sus resultados, los auditores revelaron que hubo limitación sobre el estado financiero de la cooperativa, al no acceder a los libros mayores, diarios, inventarios, auxiliares de compras, auxiliares de ventas ni composiciones de cuentas o cualquier otro respaldo de contabilidad. Tampoco pudieron encontrar los libros del IVA elaborados por la administración de la cooperativa.
Constataron que la cooperativa no poseía un departamento exclusivo para analizar los riesgos crediticios. (Página 13) “Hemos notado en casi la totalidad de las concesiones, que la persona encargada de recepcionar las solicitudes es la que aprueba y concede el préstamo; esto contribuye un riesgo de fraude elevado en el ambiente de control interno de la cooperativa”, se lee en el informe final.
Esta falencia derivó a que, al cierre del año 2016, haya 34 préstamos vencidos por valor de 183 millones de guaraníes que no pudieron ser regularizados por incapacidad de pago del socio.
Al hacer una revisión de legajos y solicitudes crediticias de 30 socios principales de la cooperativa, el equipo de auditores pudo determinar las siguientes falencias:
- 175 solicitudes de crédito no registraban firmas de aprobación de préstamos, por un valor de G. 448.334.658;
- 177 solicitudes de crédito no adjuntaron la fotocopia de cédula del socio, por G. 449.192.558,
- Y 72 solicitudes de crédito no adjuntaron certificado de ingresos del socio, por G. 275.247.998.
En cuanto a la revisión de documentaciones respaldatorias de préstamos otorgados:
- No se observaron comprobantes que avalen los desembolsos de préstamos realizados, como recibos, comprobantes de desembolsos y/o liquidaciones de préstamos firmados por el socio.
- La cooperativa no tenía un registro de firmas de los socios, hecho que impedía verificar la autenticidad de las rúbricas estampadas en los documentos.
- Hubo situaciones muy notorias en algunos pagarés relacionadas a un mismo socio porque sus firmas no coincidía.
- Se hallaron 18 casos de pagarés que no poseían la firma de deudor, por valor de G. 28.085.900
- 532 pagarés sin fecha de vencimiento, por valor de G. 1.646 millones.
- 76 pagarés sin fecha de emisión, por valor de G. 173.140.483
- Ninguno tenía número de identificación.
- Y algunos pagarés de préstamos cancelados aún se tenían en custodia de la cooperativa durante la realización de la auditoría.
Al hacer la revisión de las órdenes de compra, fueron detectadas más irregularidades, tales como:
- Las órdenes de compras no estaban firmadas por el socio.
- En algunos préstamos el socio firmante de la solicitud era diferente al socio a quien se descontaban las cuotas. Esta situación se daba porque los préstamos eran concedidos a personas que estaban en Informconf, pero figuraban a nombre de otros socios solicitantes.
- Desaparecieron órdenes de compras emitidas en el 2014.
Así también se encontraron inconsistencias en la declaración al IPS, como la inclusión de funcionarios que no formaban parte de la nómina de la cooperativa y la fijación del mínimo legal para el descuento cuando en la realidad los salarios eran muy superiores.
Por último quedó al descubierto la falta de control sobre la emisión de cheques de la cooperativa. En ese sentido, se efectivizó una importante cantidad de cheques por valor de G. 749.975.000, pero no se registró en el sistema de gestión de la cooperativa.
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