Prosperidad de Marito en peor año de pandemia amerita investigación fiscal
Para la Contraloría General de la República, la Fiscalía debe investigar al presidente Mario Abdo Benítez por la venta de asfalto que hace su empresa a las contratistas del Ministerio de Obras Públicas, de modo a detectar o descartar que haya existido colusión, tráfico de influencias y hechos de corrupción en el modus operandi que permitió a la familia presidencial enriquecerse en los últimos años.
Sin dudas que al presidente Mario Abdo le fue muy bien en el peor año de la pandemia de Covid-19. En el 2021, su empresa Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia SA) ganó casi US$ 13 millones de dólares (Gs 92.647 millones), dando una ganancia de G. 273 millones por día y G. 12 millones por hora. En el 2017, cuando aún no estaba en la Presidencia, su firma generó utilidades netas por solo Gs 6.665 millones, por lo que el incremento fue impresionante una vez que llegó al poder.
El año que viene, cuando deje el cargo, Abdo Benítez se verá obligado por Ley a presentar de vuelta su declaración jurada de bienes, con el fin de determinar cuál fue la variación de su patrimonio en comparación con la rendición que hizo antes de asumir como mandatario.
En entrevista con la radio Universo 970 AM, Camilo Benítez, contralor general de la República, resaltó que considerando que el presidente Abdo sigue siendo accionista de la empresa distribuidora de asfalto, con sus declaraciones se podrá analizar la utilidad que tuvo esta empresa que está siendo administrada actualmente por uno de sus hijos.
Ante la posibilidad de que desde el Ministerio de Obras Públicas, de la mano del exministro y actual precandidato Arnoldo Wiens, se haya maniobrado licitaciones con la finalidad de favorecer a las empresas vialeras que compran asfalto de Marito, el responsable de la Contraloría General de la República vio necesario que sea el Ministerio Público el ente que tome cartas en el asunto e investigue si hubo colusión, tráfico de influencias y hechos de corrupción en el aparente modus operandi que se instaló durante la actual administración y que habría favorecido a la empresa de la familia presidencial.
Por otro lado, el contralor Benítez aclaró que es legal que el presidente Abdo haya dejado a cargo de su hijo el manejo de la próspera distribuidora de asfalto de contratistas del Estado que él mismo había declarado de su propiedad hasta asumir el cargo.
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